La Razón. En lo que va de año 2024, poco más medio año, la Generalitat de Cataluña ha impuesto un total de 456 multas lingüísticas a comercios, establecimientos, empresas y negocios por no utilizar el catalán o rotular en castellano. El 60 % de estas sanciones quedaron archivadas y además se han abierto 868 actuaciones de oficio. La cuantía puede llegar hasta los 600 euros, aunque hay muchas variables.
Desde 2022, la Generalitat ofrece canjear estas multas por cursos de conocimiento del catalán, y todo ello sigue adelante pese a la prohibición del Tribunal Constitucional de imponer estas sanciones, al ser «inconstitucionales».
