BRAIS BENÍTEZ. LA MAREA Familiares y amigos de Yolanda González, la joven asesinada durante la Transición por el ultraderechista jefe del Grupo 41 del Batallón Vasco Español y militante de Fuerza Nueva, Emilio Hellín, se han reunido hoy con el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para determinar si Mossos d’Esquadra han participado en los cursos de formación para policías que imparte Hellín.
El diario El País revelaba en febrero de este año que Hellín, tras cumplir tan solo 14 años de los 43 a los que fue condenado por asesinato y depósito continuado de armas de guerra y explosivos, y tras haber protagonizado varias fugas, habría cambiado de nombre para ocultar su identidad y estaría impartiendo cursos de formación a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ertzaintzas y mossos d’esquadra gracias a la connivencia que siempre ha mantenido con la judicatura y las fuerzas de seguridad. Además, estaría actuando como asesor de varios cuerpos policiales.
Según ha asegurado a la salida de la reunión el hermano de Yolanda, Asier González, la directora general de Administración de Seguridad, Maria Teresa Casado, y la jefa de gabinete, Maria del Mar Blasi, les han confirmado que un mosso d’esquadra participó en un curso impartido por Hellín en Madrid en el año 2007. Interior ha asegurado que no contrató en ningún momento a Hellín, pero ha admitido que se hizo cargo de la factura del curso de este agente, que lo realizó en horas de servicio. El pasado marzo, el Gobierno vasco también reconoció que cuatro ertzaintzas participaron en un curso impartido por Hellín
“Sin embargo, nosotros hemos venido con una información adicional que les ha sorprendido, la cual indica que se habría producido un curso en enero de 2011 en el que mossos d’esquadra habrían sido compañeros de ponencia de Emilio Hellín y su hermano Juan Hellín, guardia civil, en temas relacionados con disturbios protagonizados por grupos organizados en la ciudad. Nos han pedido tiempo para poder contrastarlo”, ha explicado González.
El hecho de que Interior desconociese esta información, sumado a que, según ha mantenido González, “iban apuntando el nombre de las empresas de Hellín que les íbamos diciendo”, supone para la familia que “la investigación no ha sido tan exhaustiva como cabría esperar”. “Lo que nos preocupa como amigos y familiares de Yolanda pero también como ciudadanos demócratas es cuáles son los protocolos a la hora de formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si no es ilegal por lo menos es algo inmoral”, ha expresado González.
Privilegios penitenciarios y trato de favor
Emilio Hellín fue detenido poco después de secuestrar y asesinar a Yolanda González, una joven de 19 años militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y condenado a 43 años de prisión. Sin embargo, a los tres años ya obtuvo su primer permiso penitenciario. Protagonizó varias fugas, la más sonada a Paraguay, donde estuvo más de tres años bajo la protección de la dictadura de Stroessner. La petición de extradición del Gobierno español en 1989 no incluyó el delito de quebrantamiento de condena, por lo que no fue condenado también por ello.
Para el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, todo ello se debe a que el asesino de Yolanda “fue objeto de un trato de favor evidente por parte de los poderes judiciales, que durante el periodo de cumplimiento de la pena estuvieron amparándole sistemáticamente en los permisos de salida y en la progresión del grado en el cumplimiento de la pena”.
Villarejo ha resaltado que fue absuelto del delito de asociación ilícita “que evidentemente había cometido”. “Es curioso que la primera causa por la cual una persona no puede contratar con la función pública es haber sido condenado por un delito de asociación ilícita”, ha expresado el exfiscal, que está apoyando al entorno de Yolanda. Los familiares de la víctima pidieron una reunión con Interior hace tres meses, pero su petición no fue atendida hasta que organizaron un acto a finales del mes pasado con Jiménez Villarejo.
El exfiscal ha criticado duramente el hecho de que Emilio Hellín imparta cursos de formación a policías en materia de rastreos de pruebas en teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, entre otros aspectos, y por tanto que sea contratado por la administración pública: “Que a estas alturas se me diga que este personaje está siendo contratado por las administraciones públicas en materia de formación de fuerzas de seguridad me parece una absoluta falta de principios éticos en el ejercicio de la función política que nos es admisible bajo ningún concepto”.
