Las empresas con sede en Estados Unidos declinan dar datos sobre los autores que se esconden bajo el anonimato. Crecen las investigaciones policiales por discriminación por orientación sexual y bajan las de motivo ideologógico
J.G. ALBALAT. EL PERIÓDICO.- El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar propone que el Gobierno regule sanciones a las empresas extranjeras que gestionan redes sociales si no colaboran con la justicia española para determinar el autor de un delito de odio y discriminación que actúa desde España. Este es uno de los principales problemas con el que se encuentran los investigadores, pues la mayoría de la compañías que se dedica a esta actividad tienen su sede central en Estados Unidos y no suelen facilitar datos para averiguar quién está detrás de perfiles que, aprovechándose del anonimato de internet, lanzan soflamas delictivas contra colectivos.
Las comisiones rogatorias remitidas por la justicia española a EEUU para que las autoridades de este país recaben en las empresas la información necesaria para perseguir el delito no suelen tener éxito. Desde el país norteamericano se esgrime que lo que aquí se puede considerar discurso de odio está amparado por la libertad de expresión de la primera enmienda de la Constitución y, por lo tanto, se deniega la solicitud.
Esta situación provoca que delitos de odio y discriminación cometidos a través de las redes sociales (se puede extender a otras infracciones penales en internet) queden impunes por la imposibilidad de identificar quién está detrás de ellos. Por esta razón, el fiscal contra los delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, propone que se regulen las infracciones y las sanciones que podrían imponerse a las empresas que no colaboren con la persecución de esta tipología delictiva. En Alemania ya se prevén multas para las redes sociales que no ofrezcan los datos solicitados por las autoridades judiciales. De las 39 investigaciones abiertas por la Fiscalía de Barcelona el año pasado por delitos de odio, 16 eran por acciones cometidas en las redes sociales. Fuentes de esta institución destacaron, además, que un número importante de casos se archiva en el juzgado por falta de autor conocido.
Igualdad de trato
Entre las propuestas legislativas de este fiscal, pionero en la lucha contra los delitos de odio, se encuentra la creación de una ley de igualdad de trato, para poder contar con una herramienta eficaz para perseguir las conductas discriminatorias o de odio que no sean delictivas, pero que no deben quedar impunes, como los insultos racistas puntuales, que solo son sancionados por algunas ordenanzas municipales. En definitiva, sería profundizar en el combate contra el microrracismo o la microhomofobia.
Los datos del servicio contra los delitos de odio de la Fiscalía de Barcelona, que cuenta con 12 fiscales, constatan el aumento de las investigaciones policiales por discriminación por razones de orientación sexual. En el 2019, se tramitaron en la provincia un total de 95 atestados, mientras que el año anterior, en el 2018, se redactaron 59, lo que supone un incremento del 59%. En el ámbito del racismo y la xenofobia, se produjo un incremento del 43% de casos (68 en el 2018; 97 en el 2019). Estas cifras, a falta de un estudio sociológico, constatan una mayor sensibilización de la sociedad y de las víctimas a la hora de denunciar, pero también, según Aguilar, al aumento de hechos delictivos. En cambio, ha habido un descenso importante, del 26%, en los delitos de odio por ideología. La mayoría, eso sí, se cometieron tras la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 2019 contra los dirigentes independentistas.
Un dato relevante es que el 81% de las 75 sentencias dictadas en el 2019 en Barcelona por delitos de odio y discriminación fueron condenatorias. Este porcentaje se ha elevado respecto al año anterior, cuando en el 74% de las 56 sentencias se declaró culpable al sospechoso. La mayoría de las condenas son por racismo y xenofobia (18), seguidas de delitos de discriminación por orientación sexual (12).
