El Mundo. – El Ministerio Público y la Abogacía del Estado chocan en el caso de los adolescentes de Ceuta. La abogada dice que la investigación es «un exceso y un abuso».
La repatriación desde Ceuta a Marruecos de los menores que saltaron la valla en pleno conflicto entre Madrid y Rabat que investiga una juez por las circunstancias en las que se produjeron las devoluciones, ha provocado un sonoro choque entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a las dos personas imputadas por prevaricación: la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno ceutí María Isabel Deu. Ambas se sentarán ante la juez el próximo 7 de septiembre.
Los menores fueron retornados en agosto del año pasado -tres meses después de que 10.000 personas violentaran la frontera- en base a un acuerdo entre España y Marruecos y no con la protección de la Ley de Extranjería, motivo por el que se investigan los hechos al dudar el fiscal de la legalidad de la actuación.
Su determinación en un asunto que salpica al Ministerio del Interior -el sumario contiene correos electrónicos y declaraciones que señalan que la estrategia se diseñó desde Madrid- contrasta con la beligerancia de la Abogacía, que no duda en tildar la investigación penal impulsada por el fiscal de «exceso y abuso».
El Ministerio Público lo tiene claro y se expresa con contundencia en el escrito que sirvió para que la magistrada decidiera investigar los hechos al que ha tenido acceso EL MUNDO. «Concluimos que se omitió de forma voluntaria y consciente el procedimiento legalmente establecido cuando en un Estado de Derecho no caben atajos», sentencia.
El fiscal, además, invita a detenerse en lo sucedido: La situación, resalta, «debería conducir a una seria reflexión a cualquier Administración moderna, democrática y deudora de la legalidad que tenga entre sus fines la protección de los menores».
En el mismo escrito cuestiona la validez del acuerdo que, según la declaración de Salvadora Mateos ante el Ministerio Fiscal el pasado mes de diciembre, «acordó el Gobierno de España con el de Marruecos». «Lo cierto es que en, realidad resultaba notorio que el mentado acuerdo no permitía practicar devolución alguna por la vía de hecho, tal y como los denunciados pretendían», zanja.
Y va más allá: «Aquella actuación vulneraba asimismo el artículo 4 del Protocolo número 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que reconoce ciertos derechos y libertades».
Por contra, en sus alegaciones ante la magistrada, la representación legal de las dos políticas investigadas suaviza la actuación y justifica una y otra vez las actuaciones basándose en lo «excepcional» de la situación». La Abogacía del Estado alude a la «imposibilidad material de los medios ordinarios» de dar respuesta a situación que califica como «totalmente insostenible» y defiende «la puesta en marcha y aplicación, de las vías e instrumentos internacionales, de reconocimiento recíproco de soberanía, y que se materializaba en el Acuerdo de 2007».
Así, constata que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, intervino. «La aplicación directa del Acuerdo de 2007 fue el resultado de las relaciones diplomáticas previas entre el Reino de España y Marruecos y que así fueron comunicadas en el oficio dirigido por la Secretaría de Estado».
Fue la ONG Asociación para el Desarrollo Integral L’ Escola AC quien interpuso la denuncia tras las repatriaciones. El fiscal le dio continuidad el pasado otoño y la magistrada, tras estudiarla, abrió diligencias al considerar que había indicios suficientes de delito en las actuación de ambas políticas. Esta asociación ejerce, junto a la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, la acusación popular en el caso.
El sumario judicial desgrana cómo el Ministerio del Interior, que siempre ha rechazado su intervención en las devoluciones de los menores, estuvo al corriente de los acontecimientos. Incluso, según apunta el dossier, hubo órdenes directas del ministro Grande-Marlaska para ejecutar la estrategia de retorno de los adolescentes a Marruecos.
Se trata de un correo electrónico de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior, en la que se alude directamente al titular del ministerio y que está fechada el 10 de agosto de 2021. Las devoluciones se ejecutaron el día 13 de ese mismo mes.
«Por indicación del Ministro del Interior se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos», indicaba el correo electrónico. En ese mismo e-mail, la Secretaría de Estado insta a la Delegación del Gobierno de Ceuta a ejecutar el Acuerdo entre España y Marruecos en relación a la presencia de menores no acompañados y no la Ley de Extranjería, mucho más garantista con los derechos de los adolescentes. Este hecho fue el motor de la denuncia y es uno de los puntales que sostiene la Fiscalía.
