El juicio ha quedado visto para sentencia después de que la pareja iniciara la lucha en 2011 tras no admitirse en el centro escolar al niño. Les dijeron que no había plaza pero pudieron comprobar que no tenían ese problema cuando se hicieron pasar por heterosexuales
EL DIARIO ANDALUCÍA.- El Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ha dejado visto para sentencia el juicio contra el director y la responsable de admisión de un colegio privado de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), el Yago School, que no admitió al hijo de una pareja de homosexuales que lleva desde 2011 peleando en los tribunales por lo que consideran una discriminación.
El ministerio público ha pedido para ellos un año de inhabilitación en enseñanza por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, después de considerar demostrado que la no aceptación del niño se debió a la condición de homosexuales de los padres, toda vez que pudieron comprobar que sí había plaza cuando se hicieron pasar por heterosexuales.
El relato de los hechos recoge que los denunciantes, en septiembre de 2011, se pusieron en contacto con el colegio a través de un correo electrónico para la escolarización en el curso 2012-2013 del menor, «sin ocultar que eran una familia homoparental». La directora de admisión les contestó que no había plaza y que contactaran en septiembre de 2012 por si existiera una vacante.
Ese año, igualmente a través de correo electrónico, se pusieron en contacto de nuevo y la responsable les insistió que no había plaza. Los denunciantes empezaron a sospechar que les estaban denegando la escolarización por su condición sexual pues, tras llamar otras personas solicitando información, no se les decía lo mismo.
Posteriormente, uno de los padres se puso nuevamente en contacto con el centro escolar, omitiendo esta vez el dato de ser una familia homoparental, siendo citado para una entrevista. La responsable de admisión manifestó que había plaza, explicando incluso la cantidad que había de transferir para la reserva. Fue entonces cuando el denunciante le enseñó el correo electrónico referido en el que se decía lo contrario. Ella alegó que debía tratarse de un mal entendido y telefoneó días más tarde a los denunciantes y comunicó de nuevo que no había plaza.
