«La inclusión de la aporofobia como motivo de discriminación resulta imprescindible», asegura la Fiscalía. En el anteproyecto de la ley de protección a la infancia que prepara el Gobierno se ha incluido la aporofobia. También la Fiscalía propone incluir en la ley como otro motivo de discriminación el origen nacional.
EUROPA PRES. 20 MINUTOS.- La Fiscalía General del Estado ve necesario castigar la aporofobia y el origen nacional o el territorial como motivos de discriminación. Por ello, pide una Ley integral de igualdad de trato y no discriminación que vaya acompañada de una reforma del Código Penal.
«La inclusión de la aporofobia como motivo de discriminación resulta imprescindible, por razones de justicia y porque su inclusión viene siendo demandada por la propia sociedad civil«, precisa la Fiscalía en su Memoria de 2019, publicada esta semana.El Gobierno aprueba la ‘Ley Rhodes’: delitos no prescribibles hasta los 30 años, otras penas en robo de menores…
Según señala el escrito, los pobres son «el sector de la población más desprotegido y en mayor situación de exclusión social». Por ello, recuerda que el odio a estas personas ya está expresamente contemplado en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
También pone de relieve que desde las secciones de delitos de odio se hace un seguimiento de los delitos motivados por aporofobia y existe una circular de 2019 que insta a estudiar en estos supuestos la posibilidad de apreciar la existencia de un delito contra la integridad moral u otra agravante, como la de abuso de superioridad.
Ya en el anteproyecto de Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
Por otro lado, la Fiscalía propone incluir en la ley como otro motivo de discriminación el origen nacional y ascendencia ante los «cada vez más comunes» casos de discriminación contra personas de origen extranjero que han adquirido la nacionalidad española y que afectan, por tanto, a las segundas y sucesivas generaciones de descendientes de migrantes.
Igualmente, la Fiscalía llama a incluir como motivo de discriminación el idioma y el origen territorial dentro de España lo que, a su parecer, permitirá abarcar delitos cometidos contra otras personas «por ser catalán, vasco, andaluz, etcétera».
Actualmente, según recuerda, son enfocados como supuestos de discriminación por etnia, entendida como conjunto de personas que tienen una historia, lengua y cultura comunes, pero la Fiscalía cree que «quedaría mucho más claro si se recogiese ese motivo específico de discriminación».
Otras causas de discriminación que la ley debería contemplar, según la Fiscalía, son: el aspecto físico para acabar con «los casos de discriminación por obesidad que en algunos casos se producen»; el antigitanismo (odio a los gitanos) y el antisemitismo (odio a los judíos).
Según la Memoria de la Fiscalía, en 2019 «no se ha producido un significativo aumento» de la delincuencia vinculada a los delitos de odio, a excepción de aquellos relacionados con la ideología, esencialmente política.
No obstante, precisa que el número de procedimientos judiciales controlados por las secciones de delitos de odio y contra la discriminación «ha aumentado notablemente como consecuencia del mayor y mejor control de los procedimientos incoados».
La Fiscalía lamenta que los políticos lanzan «sin el menor recato» proclamas «claramente discriminatorias», por ejemplo, contra los migrantes, y advierte de que «la disputa política, ni siquiera en el tiempo electoral, puede justificar la incitación al odio», recordando una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 16 de julio de 2009.
«El Tribunal no niega que los partidos políticos tienen derecho a defender públicamente sus opiniones, incluso si algunas de ellas ofenden, chocan o inquietan a una parte de la población. Pueden, pues, resulta evidente, recomendar soluciones para los problemas relativos a la inmigración. Sin embargo, deben evitar hacerlo promoviendo la discriminación racial y recurriendo a expresiones o actitudes vejatorias o humillantes», subraya la Fiscal General del Estado.
