La concejala matritense señalaba que el fallecimiento de Mame Mbaye era consecuencia de la acción policial
EL PERIÓDICO.- La Fiscalía de Madrid ha pedido una multa de 5.760 euros para la aún concejala matritense Rommy Arce y para el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, por un delito de injurias contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por unas declaraciones tras la muerte del mantero Mame Mbaye el 15 de marzo del 2018.
En el escrito de acusación, la fiscal ha remarcado que tanto el informe del Samur que atendió a Mgabe ese día como el informe del levantamiento del cadáver realizado por el médico forense ese mismo día, que indicaba que la causa de la muerte era natural por parada cardiorrespiratoria, «sin que se apreciaran lesiones traumáticas«.
La edil publicó diversosmensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte. El primero, el mismo día: «Lucrecia Pérez, Sanba Martine… hoy Mame Mbaye. Los ‘nadie’ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mame ser negro pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo».
Y otros dos el día 17 de marzo: «Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios» y «el portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del hostigamiento policial».
Acusaciones a la policía
Por su parte, Malick Gueye concedió una entrevista al diario ’20minutos’ en la que afirmó que llevaban tres años «denunciando la persecución, el acoso y explicándole al Ayuntamiento lo que está pasando; esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame».
«Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y lo apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió», dijo, entre otras cuestiones.
El Ministerio fiscal recalca que con los mensajes de los acusados, conocedores de su perfil público y de la repercusión de sus palabras, trasladaron «el mensaje inequívoco de que el fallecimiento del ciudadano senegalés era consecuencia de la actuación policial, lo que dio lugar a una inmediata reacción en la red, que vio inundada de múltiples mensajes en los que se reiteraba el carácter xenófobo de la Policía Local de Madrid, con imputaciones directas de ser responsable de la muerte del ciudadano senegalés con evidente desprecio a lo realmente sucedido».
Por todo ello, pide al juez imponer a los dos acusados la pena de 16 meses de multa a razón de 12 euros cuota diaria con la responsabilidad personal subsidiaria caso de impago. No obstante, solicita el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento contra tres personas anónimas por sus declaraciones al respecto en redes sociales.
Investigación judicial concluida
El juez de Instrucción número 12 de Madrid concluyó en febrero la investigación sobre este caso, que lleva la magistrada María Dolores Baeza. Entonces, dio traslado al fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que formularan escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.
Sobre Arce, la jueza determinó que «concurren indicios bastantes para acordar la continuación del procedimiento, y que por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal».
La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal.
La juez narra que tras la muerte del mantero y con conocimiento de la causa natural del fallecimiento, «se divulgaron a través de Internet números comentarios que relacionaban dicho fallecimiento con una acción provocada por agentes pertenecientes al Cuerpo de Policía Municipal.
Delito de injurias graves
Para la magistrada, la calificación penal de los hechos como constitutivos de undelito de injurias graves «no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión«.
«En la presente investigación, y en relación a los mensajes citados, los mismos no contienen una censura o crítica a la política de inmigración y a la situación en la que viven los inmigrantes que carecen de documentación, sino que el contenido de los mismos vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal», reseñó.
«En algunos de los mensajes se incluyen consideraciones de censura a la política migratoria y la repercusión que tal política genera en la vida de los inmigrantes. Sin embargo, la mezcla de ambas intenciones en la divulgación de los mensajes, no excluye la atribución directa de dicha muerte a agentes de Policía Municipal, ni por tanto el grave contenido ofensivo de las mismas hacia dicho cuerpo, zanjó.
