PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO. EL ECONOMISTA.- La Fiscalía General del Estado puso en marcha, en marzo de 2013, una red de fiscales especializados en delitos contra el odio, con la designación de un fiscal en cada provincia que coordinara la actuación en su jurisdicción de los asuntos relacionados con este fenómeno delictivo. Ahora, los nuevos datos revelan la cifra de 425 procedimientos judiciales abiertos a lo largo del 2016. Se apuntan 134 diligencias de investigación incoadas y 82 escritos de acusación formulados por los fiscales.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Fiscalía General del Estado hizo públicos ayer los datos de su última Memoria donde se recoge la evolución de la criminalidad en España.
En el año 2016, los delitos de odio generaron 35 sentencias en las que se puede observar, aunque no de manera sistemática, que los motivos fundamentales de odio y discriminación vienen derivados del racismo y la xenofobia, seguidos de la orientación e identidad sexual, la ideología política, aporofobia y la discriminación por discapacidad.
En este contexto social, donde todos los indicativos apuntan a un incremento de este tipo de delitos, cobra especial protagonismo el discurso del odio en Internet y las redes sociales, donde los delitos de odio encuentran su mejor campo de difusión y propagación.
Por ello, el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial realiza de forma periódica un examen a España para revisar la actividad del Estado en su tarea de eliminar la discriminación racial, y se analizan diversos ámbitos además de la justicia, como la educación, sanidad, integración de los inmigrantes, o derecho de asilo.
