Madrid y Barcelona son las comunidades que tienen más centros de mayores bajo la lupa del Ministerio Fical. Casi una veintena de jueces tienen también abiertos procedimientos
FRANCISCO VELASCO. LA RAZÓN.- La Fiscalía tiene abierta a día de hoy un total de 140 diligencias penales que afectan a otras tantas residencias de ancianos y centros de discapacidad, así como otras 185 diligencias civiles relacionadas con la protección de los derechos de los residentes. Además, hay casi una veintena de jueces que investigan ya la presunta comisión de delitos, especialmente relacionados con homicidios imprudentes y lesiones. La Comunidad de Madrid es la que tiene más residencias bajo la lupa de la investigación fiscal y judicial.
Las cifras de estas semana presentan una muy escasa variación respecto a las investigaciones abiertas hasta el pasado día seis, toda vez que se ha pasado de 143 a 140 las residencias objeto de investigación. Junto a ello, casi una treintena de diligencias penales han sido ya archivadas, bien por la Fiscalía o por los distintos juzgados, al no constatarse la existencia de delito alguno. Muchas de esas denuncias fueron presentadas por partidos poliiticos, particulares alguna asociación. También se han producido nuevas aperturas de investigación; pero, en general, las cifras permancen estables con una tendencia leve a disminuir.
En lo que afecta a la Comunidad de Madrid, el total de diligencias de investigación penal abiertas asciendas a 68: 48 por la Fiscalia Provincial de Madrid, 8 por la Fiscalía delegada de Alcalá de Henares, otras tantas por la de Móstoles-Fuenlabrada y 6 por la de Getafe. Junto a ello, los juzgados de Instrucción números 51, 12, 48 y 42 de Madrid, junto con el Juzgado número 1 de Navalcarnero y el número 2 de Alcobendas, investigan cada uno de ellos la presunta comisión de delitos en otras tantas residencias.
Tras la Comunidad de Madrid, es Cataluña la que, una semana más, con 25 diligencias penales abiertas a centros de mayores, además de más de 70 residencias en las que se trata de determinar si se protegieron correctamente los derechos de los residentes (en una sola diligencia civil de protección de derecho se investigan a 15 residencias).
Al igual que semanas anteriores, en comunidades como Cantabria, Aragón o el País Vasco no hay ningún centro de mayores sobre el que se investigue si se ha podido cometer algún tipo de delito.
