TXEMA SANTANA. EL PAÍS.- Un paseo este lunes por las inmediaciones del estadio de Gran Canaria sonaba a tumba. Se podía percibir el lamento de impotencia de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. La invasión de campo el domingo por más de 200 personas que entraron por las puertas abiertas en los últimos minutos del encuentro frente al Córdoba, sin entrada y con ambición de cortar el partido, cercenó a apenas 91 segundos la gloria del ascenso a Primera para los canarios.
Tras acabar el partido, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, cuando aún correteaban decenas de chavales destrozando lo que quedaba a su alcance, lamentó lo ocurrido y cuando preguntaron por las responsabilidades de la situación, colocó el balón en el tejado de la policía y en el del coordinador de seguridad. Se cruzaron llamadas entre miembros de la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno. Y ayer la policía hizo público un informe en el que asegura que las declaraciones de Ramírez podrían constituir una infracción de la ley por enaltecimiento de la violencia, toda vez que se realizaron aún con la mayoría de los espectadores en el estadio y algunos comenzaron a insultar a la policía al escucharlas. Pocos minutos después de hacerse público el informe, Ramírez se retractó y asumió la responsabilidad del club en todo lo sucedido.
Ramírez es una figura controvertida. Fue condenado por la construcción de una parcela en un terreno que gozaba de protección. Posteriormente, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En la actualidad, se investiga si en una de sus empresas se cometió un masivo fraude contra la Seguridad Social en centenares de horas extra que fueron consideradas, según las primeras pesquisas, como dietas para ahorrar ante el fisco. La empresa investigada es Seguridad Integral Canaria, precisamente la que ayer tenía que aportar la seguridad privada al estadio de Gran Canaria.
La policía, en su informe, no admite dudas ante “el exceso de aforo” que había en el estadio y define algunas de sus gradas como “masificadas”. La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias de oficio al entender que puede haber delitos de hurto, lesiones y alteración del orden público.
En el club, reconocen su cuota de culpa. Patricio Viñayo, director general de gestión de la entidad, hablaba ayer de “desolación” de la junta directiva. Y ponía a disposición de la Fiscalía todas las respuestas que soliciten. La policía en su informe ha advertido que la UD Las Palmas no cumplió los acuerdos en materia de seguridad a los que había llegado.
Entre otros incumplimientos, destaca dos: no hubo un mensaje en el videomarcador para disuadir a los aficionados de la idea de invadir el campo y, por otro lado, no se dispuso un cordón compuesto por miembros de la empresa de seguridad privada suficiente para acordonar el terreno de juego.
La policía señala como una posible causa de lo sucedido la decisión de abrir antes de que concluyera el encuentro una de las puertas de la grada curva para que los aficionados que estaban fuera pudieran entrar. Corría algo más del minuto 85 cuando, después de más de 10 minutos aporreando todas las puertas, una de ellas fue abierta y más de un centenar de personas entraron al estadio en tromba, bajaron las escaleras que separa la entrada del césped y saltaron al mismo.
“El acceso al estadio es responsabilidad del promotor del evento”, señaló el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Valentín Solano.
Viñayo remató: “La gente también necesitaba salir del estadio, no lo podíamos convertir en una cárcel”. Varios día antes, los jugadores insistieron en hacer llegar a la directiva la necesidad de llamar a los aficionados para que no invadieran el campo al concluir el encuentro. Deivid, central de la UD Las Palmas, relató su experiencia: “Cuando el Córdoba metió el gol, vi cómo el árbitro y la policía corrían hacia los vestuarios y también corrí. En el camino, varios aficionados me intentaron quitar la ropa y las botas”. El central canario también pone de relieve la actitud de los jugadores que, como Valerón, buscaron tranquilizar a las decenas de personas que corrían de un lado al otro del campo destrozando el mobiliario y enfrentándose entre ellos y con otros espectadores. Muchos de los que invadieron el terreno de juego eran menores de edad.
