EFE.- La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal ante la denuncia presentada por el PSPV contra España 2000 y sus posibles colaboradores en el reparto de alimentos organizado el pasado 29 de marzo en el barrio valenciano de Orriols.
Así consta en el escrito de la fiscal jefe, Teresa Gisbert, fechado el 15 de abril, en el que anuncia la designación de un fiscal instructor ante estas diligencias penales «contra la igualdad y contra la discriminación».
La ONG Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, vinculada al partido España 2000, organizó a finales de marzo, junto al colegio público Miguel Hernández, una entrega de alimentos en la calle de L’Alqueria Cremà solo para españoles en paro. En total se repartieron 150 lotes de bienes de primera necesidad entre los vecinos de Orriols, pero en ningún momento se entregaron a extranjeros, aunque algunos mostrasen su documento de identidad que los acreditaba como residentes en España.
Según consta en el escrito firmado por el representante del grupo municipal socialista, ese acto «ha significado la apología de ideologías que defienden el racismo y la exclusión social por motivos de origen nacional». Al considerar que con el citado reparto de alimentos se «ha infringido el principio de no discriminación», el PSPV solicitaba a la Fiscalía que «se abran diligencias penales contra los denunciados». En concreto, pide que se les investigue la «presunta participación» de los denunciados en un acto de «delito de xenofobia y discriminación, previsto y penado en el artículo 510 del Código Penal».
El grupo socialista valenciano considera que la ONG Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, encargada de organizar el reparto de alimentos, «forma parte de la estructura de España 2000» porque todas sus actividades son publicadas en la web de este grupo político. El barrio de Orriols tiene un índice de población inmigrante superior al 30% y una tasa de desempleo del 40%. Según el PSPV, esas condiciones son el «caldo de cultivo perfecto para generar situaciones de verdadera conflictividad social», como sucedió en el citado reparto de alimentos del 29 de marzo.
