El País/María Martín- El ministerio público señala, en el decreto en el que archiva las diligencias por la tragedia de Melilla, las fallas del sistema.
La Fiscalía archivó este viernes la investigación sobre la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio porque no apreció indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. La fiscal descarta el delito de homicidio imprudente al no poder concluir que la actuación de los agentes contribuyese en alguna medida a la muerte de al menos 23 migrantes y refugiados; y tampoco aprecia un delito de omisión del deber de auxilio porque considera que los guardias civiles no fueron conscientes de la situación de riesgo en la que se encontraban los migrantes. El decreto, sin embargo, se detiene a lo largo de varias páginas en las “posibles fallas de un sistema” que permite que personas merecedoras de protección internacional pongan en riesgo su vida. Mantiene que faltan mecanismos reales para pedir asilo, y pide soluciones.
La fiscal, Beatriz Sánchez, reflexiona sobre este aspecto al referirse a las 470 devoluciones de personas en la frontera que se realizaron aquel 24 de junio. A diferencia del Defensor del Pueblo, el ministerio público sí respalda la legalidad de esa actuación, pero recuerda que las dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que juzgaron este procedimiento no avalan su “uso indiscriminado”, y advierte de que deben observarse “una serie de exigencias” aplicables al Estado español y a los ministerios implicados en la política migratoria. Entre ellas, las sentencias asumen que España debe tener mecanismos adecuados para garantizar que los refugiados tengan “posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito o, incluso, en Marruecos, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla”. En su escrito, la fiscal señala las dificultades que los migrantes, especialmente los subsaharianos, tienen para acceder a esas vías. “Si se promoviesen medidas que mejorasen el acceso a estos canales […] podrían reducirse estos saltos o el número de participantes en los mismos”, subraya.
Pedir asilo en un puesto fronterizo, sea en Ceuta o en Melilla, es casi una misión imposible y así lo refleja la Fiscalía. “Son notorias las dificultades que tienen las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, para acceder a la parte española de Beni Enzar [Melilla], pues ello implica traspasar previamente el control migratorio de la policía marroquí que de facto mantiene a estas personas alejadas de la frontera, muchas de las cuales carecen de documentación que las permita acceder a territorio español”. La ley de asilo, aprobada en 2009, también contempla la posibilidad de solicitar asilo ante las representaciones diplomáticas, pero las autoridades se han estado parapetando todos estos años en que no existe un reglamento en el que se desarrollen los trámites que deben seguirse.
La vía de las embajadas, sin embargo, puede aplicarse si hay voluntad política, como está sucediendo (aun con muchas limitaciones) con centenares de afganos que están acudiendo a esta fórmula en las misiones diplomáticas españolas en Pakistán o Irán. En 2009 una circular enviada a todas las embajadas daba instrucciones para que el embajador evalúe los casos y el riesgo que corre la persona interesada y apruebe o no la emisión de un salvoconducto para que pueda viajar a España y formalizar aquí el proceso. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo estableció que la ley tiene elementos suficientes para poder trasladar a un solicitante de asilo a territorio nacional, independientemente de que haya o no reglamento.
La imposibilidad práctica de usar los mecanismos para pedir asilo, una cuestión enterrada en el debate público, resurgió tras la tragedia de Melilla en junio. De hecho, ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha repetido en varias ocasiones que existen vías legales para pedir asilo en España sin tener que saltar una valla. En su última comparecencia en el Congreso, el ministro dijo: “España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llama a nuestras puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas por la fuerza”.
Casi seis meses después de la tragedia, España se ha encontrado ahora con un caso que pone a prueba el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades y la veracidad de ese discurso político. Un refugiado sudanés de 24 años, que sobrevivió precisamente a la tragedia de Melilla y que fue expulsado ese día por la Guardia Civil desde territorio nacional, acudió a la embajada española de Rabat para pedir asilo el pasado 13 de diciembre. Alega persecución religiosa en su país y temor por su vida en Marruecos. La embajada aceptó y selló su documentación pero, desde entonces, silencio.
La diputada del PP Ana Vázquez preguntó específicamente por este caso a Grande-Marlaska el pasado miércoles en el Congreso: “Hoy, señor ministro, su vida [la de este refugiado] en Marruecos corre peligro, por razones que a nadie se le escapan, y usted, señor Marlaska, todavía no le ha abierto la puerta española, a la que él con urgencia y desesperación está tocando. Haga algo, porque si no le habremos dado dos veces con la puerta en las narices. ¿Va usted a garantizar el derecho de asilo? ¿Qué va a pasar con este caso, señor Marlaska?”. El ministro evitó la cuestión en sus réplicas hasta dar, finalmente, una respuesta genérica: “Todas las peticiones de protección internacional se estudian y tenemos una Oficina de Asilo y Refugio que desde luego no tiene nada que ver con la que tenían ustedes en junio de 2018″.
El equipo jurídico que asiste al joven de forma gratuita, Demos, Estudio Legal de Derechos Humanos, ha alertado del peligro que corre en Marruecos después de haber dado el paso de pedir protección. Teme represalias de las autoridades marroquíes al haber denunciado ser víctima de tortura y tratos inhumanos. Desde que acudió a la embajada, este joven permanece semiescondido y alerta ante las consecuencias que pueda tener su decisión.
Para concluir su escrito, la fiscal afirma que debe tenerse en cuenta que “la crisis migratoria” es “un problema global” que “previsiblemente se verá incrementado como consecuencia de conflictos bélicos, pandemias y catástrofes derivadas del cambio climático”. Y añade: “El drama que sufren miles de personas en situación de pobreza y riesgo en sus países de origen, especialmente en el África subsahariana, conlleva inevitablemente su huida hacia Europa en busca de un proyecto de vida próspero para ellos y los suyos, lo que hace necesario habilitar políticas migratorias públicas flexibles y coherentes con la situación de cada momento, acordes con el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los tratados y convenios internacionales”.
