El ministerio público anuncia que sólo investiga a seis alcaldes por el 1-O
TONI MUÑOZ. LA VANGUARDIA.- La tensión social durante los hechos de septiembre y octubre del 2017 se vio reflejada en los datos recopilados por la Fiscalía en su memoria anual y que fue presentada ayer ante la comisión de Justicia del Parlament por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres.
Las denuncias por presuntos delitos de odio por motivos de orientación política crecieron un 124% en Catalunya respecto al año anterior. En números absolutos, los ilícitos de la misma modalidad pasaron de 54 en el 2016 a 121 en el 2017. El total del conjunto de delitos de odio creció un 24% alentados sobre todo por los relativos a la ideología.
La explicación más allá de la perceptible tensión política por el referéndum del 1 de octubre, también está relacionada con el cambio de visión que adoptó la fiscalía en relación con los delitos por cuestión de origen nacional. Cabe recordar que por este supuesto, el Ministerio del Interior, bajo mando de José Ignacio Zoido, puso en marcha una línea exprés para que pudieran presentar denuncia de forma ágil los guardias civiles y policías nacionales destinados a Catalunya para frenar el 1-O que se sintieran acosados. En este marco se presentaron denuncias por escraches en los hoteles o porque sus hijos fueron reprendidos supuestamente por sus profesores debido a la actuación de sus padres como se investigó en una escuela de Sant Andreu de la Barca.
En este tiempo, los juzgados han archivado algunos de estos procedimientos, el más significativo fue el interpuesto contra el diputado de ERC, Ferran Civit, por unos tuits en contra de la policía por su actuación el 1-O. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya consideró que “no cualquier colectivo o grupo social de personas” puede ser víctimas de delitos de odio, sino sólo aquellos que “puedan considerarse vulnerables” y no es el caso de la Policía. También fueron archivados la mayoría de los procedimientos que la Fiscalía inició contra los alcaldes por su apoyo al 1-O. De las 70 que se estudiaron sólo “seis o siete se acabaron presentando”, aclaró el fiscal Bañeres. La diferencia estriba en lo que se consideró un adhesión ideológica y que no merece reproche penal, y los que alcaldes que colaboraron de forma activa en los actos preparatorios y ejecutivos del referéndum.
La actuación de la Fiscalía con el procés fue objeto de duros reproches entre los grupos independentistas. Los más beligerantes fueron la CUP y el PDECat. Eusebi Campdepadrós, del grupo Demócrata, acusó a la Fiscalía de actuar como “brazo represor de ideas políticas” y de abrir una causa general contra el independentismo . Y por su parte el diputado Vidal Aragonés de la CUP arremetió contra el fiscal al entender que “incumplió su obligación” que es la persecución del delito” en referencia a las cargas policiales del 1-O.
El fiscal Bañeres, con un tono muy mesurado, recordó que al tratarse de delitos leves se precisa la denuncia del afectado pero se comprometió a “actuar con todo el rigor que sea necesario ante posibles excesos policiales”.
