La Fiscalía de Sevilla ha comunicado a la Secretaría Técnica que enviará a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias de investigación incoadas contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, por un presunto delito de odio por el acto celebrado a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (Mena) de la capital hispalense durante la campaña electoral
EUROPA PRESS. LA VANGUARDIA.- La Fiscalía de Sevilla ha comunicado a la Secretaría Técnica que enviará a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias de investigación incoadas contra la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, por un presunto delito de odio por el acto celebrado a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (Mena) de la capital hispalense durante la campaña electoral.
Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía General del Estado, aunque en estos momentos «las diligencias no se han recibido», sí ha existido esa comunicación y será la Fiscalía del Supremo la que estudiará si hay indicios o no de delito de odio en sus palabras.
El pasado mes de noviembre la Fiscalía de Sevilla abrió las citadas diligencias y concretaron en aquellas fechas que, en caso de que prosperara, se tendría que elevar el asunto a la Fiscalía Superior de Madrid dado que Monasterio está aforada.
Monasterio es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y sus miembros están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no obstante el artículo 11.6 del Estatuto de Autonomía atribuye la competencia al Supremo al recoger que «fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo».
El mismo día en que Monasterio se personó en el referido centro para denunciar la «inseguridad» y «graves problemas» que, a su juicio, generan estos menores; la líder andaluza del partido morado, Teresa Rodríguez, anunció la querella que admitió el Ministerio Público entendiendo que las expresiones de la dirigente de Vox podrían ser constitutivas de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal, solicitando la apertura de estas diligencias para que se investiguen los hechos y se tomen las medidas necesarias «para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores».
Al respecto también se pronunció el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, quien señaló que lo que hizo Monasterio con dicho acto fue «recoger las denuncias que hacen muchísimos ciudadanos», asegurando que «si no existe esa queja de los vecinos del barrio, no tiene sentido ir a las puerta del centro a hacer un acto como este».
