20 Minutos.- La sección especializada en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, ha presentado recurso de apelación contra la sentencia al acusado de un delito de odio por proferir insultos homófobos a un joven en un McDonalds de Barcelona en junio de 2019.
En el recurso, la Fiscalía critica que la sentencia dictada por la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Barcelona considere que el ataque verbal no estuvo motivado por la orientación sexual de la víctima sino por su forma de vestir.
Sin embargo, el Ministerio Público expone «como premisa indiscutible» que la manera de vestir es una de las formas a través de las cuales se puede manifestar una orientación sexual, y censurar la misma implica un menosprecio de la orientación sexual de quienes deciden expresarla de esa manera.
Además, la Fiscalía subraya que las expresiones proferidas a la víctima son un «reflejo palmario de la profunda animadversión del acusado a la orientación sexual de la víctima», atendiendo al tono y a la exposición pública, que buscaba menoscabar la dignidad del afectado.
Por este motivo la Fiscalía solicita a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que se dicte una sentencia condenatoria e imponga al acusado la pena de 18 meses de prisión y una multa de 9 meses con cuota diaria de 12 euros.
La sentencia
Según recoge la sentencia, el perjudicado, vestido con los colores de la bandera LGTBI, y el acusado tuvieron un encontronazo en el local de comida rápida y el segundo le profirió expresiones como «te voy a hacer heterosexual a hostias» y «mejor que lleves un guardaespaldas porque ahora, cuando salgas, te voy a dar tal hostia que la mariconería se te quita».
El tribunal argumentó que los acusados, el agresor verbal y el vigilante de seguridad del McDonalds, no tuvieron «ninguna participación» en la difusión del vídeo de estos hechos, que se viralizó, ni la aprovecharon para propagar un discurso de odio contra el colectivo LGTBI, como argumentaba el Ministerio Fiscal.
