El Ministerio Público destaca en su balance anual el aumento de los enfrentamientos entre bandas o la «gravedad» de la situación de la trata con fines sexuales
ALICIA AMATE. IDEAL.- Los delitos de odio abarcan todo tipo de ámbitos, desde la sexualidad hasta la libertad religiosa. A lo largo del año pasado, según recoge la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, se han incoado Diligencias Previas desde el Ministerio Público en Almería acerca de todo tipo de hechos delictivos relacionados con esta tipología centrada en la protección de colectivos vulnerables.
Expone la Fiscalía de Almería, entre las mismas, una agresión a dos hombres homosexuales bajo el grito ‘Heil Hitler’ en Roquetas de Mar; amenazas a personas con discapacidad mediante aplicaciones móviles; o numerosos casos de discriminación contra miembros de la comunidad musulmana. En este último caso, cabe citar como ejemplo la «negativa por parte del empleado de una inmobiliaria a enseñarle un piso anunciado para su venta a un cliente, por su origen marroquí», refiere textualmente en la memoria el órgano fiscal almeriense.
Sin embargo, y a pesar de la amplitud de colectivos que se encuentran enmarcados en los denominados como delitos de odio, el fiscal de Almería destaca que debería incluirse un ámbito más, motivador de agresiones relacionadas con la discriminación: el económico. «Almería (la Fiscalía) habla de la necesidad de ampliar los colectivos a proteger en el Código Penal, en el ámbito de esta especialidad, como es el caso de la ‘aporofobia’ (fobia a la pobreza), colectivo vulnerable por sus connotaciones económicas y sobre los que recae multitud de agresiones y vejaciones», recoge el documento de la Fiscalía de Andalucía.
Cabe remarcar la proliferación -sobre todo en redes sociales- de agresiones a indigentes que, finalmente y dependiendo de la gravedad de las lesiones, son juzgadas sin el que podría ser un agravante, el odio. Con la inclusión de este colectivo, podrían aumentarse las penas solicitadas por parte del Ministerio Fiscal contra los agresores.
Ajustes de cuentas
También destaca la memoria de 2019 un aumento de otro tipo de agresiones, las relacionadas con ajustes de cuentas, algo «preocupante» para el Ministerio Público. «Cada vez son mas los enfrentamientos entre bandas organizadas, ajustes de cuentas que acaban en asesinatos, homicidios o lesiones graves. Igualmente asocia algunos casos con situaciones trágicas de violencia contra la mujer», expone el mencionado informe, que también llama la atención sobre el aumento de los casos de corrupción política y social.
Es más, el balance anual andaluz reseña que la Fiscalía almeriense «sigue refiriendo» que los índices de delitos contra la vida y la integridad «siguen siendo muy elevados» en la provincia, aunque, también destacan que lo «habitual» es que se «identifique y detenga a sus autores para que sean juzgados».
Explotación sexual
En la memoria de la Fiscalía Superior, que permite hacer un retrato de la criminalidad en la provincia, también se pone sobre la mesa el «muy elevado» número de delitos relacionados con la libertad sexual. Además, lo hace remarcando la «gravedad»de las situaciones de trata con fines de explotación sexual, habitualmente perpetrada «por grupos organizados y con víctimas muy vulnerables e indefensas».
«En estos casos, hay que hacer uso habitualmente de la práctica de pruebas anticipadas y de testigos protegidos, dadas las circunstancias de las víctimas que raramente comparecen el día de la celebración del juicio, bien porque son extranjeras y ya no se encuentran en el país o por el fundado temor a las represalias», reconoce la Fiscalía de Almería.
Almería, donde más crece el tráfico de drogas
La criminalidad en la comunidad por tráfico de drogas experimentó en el pasado ejercicio de 2019 un incremento del 17%, el más elevado en el conjunto de los distintos delitos registrados. Almería, por su parte, se desmarca del resto de provincias y dobla la media andaluza con un incremento del 34% en esta tipología delictiva.
Indica, al respecto, que la droga que plantea los problemas más graves de criminalidad en el territorio andaluz es «indudablemente» el hachís y que la principal vía de entrada es la marítima por todo el litoral de la costa.
La instauración desde 2018 del Plan Carteia en Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva y Almería ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las descargas a otras zonas con menor presión policial, con aumentos en las incautaciones en zonas distintas. De hecho, en Almería se han incrementado las incautaciones de grandes cantidades de hachís o el hallazgo de materiales usados para este tipo de narcotráfico, sobre todo, en la costa del Poniente.
Sin embargo, reseñan, que la confluencia de distintos grupos criminales en la consecución de grandes alijos, especializados en las distintas tareas y que colaboran con una o varias organizaciones, supone «una seria dificultad», según la Fiscalía, para la tramitación de las macrocausas.
Otro «gran caballo de batalla» que crece exponencialmente año a año es el cultivo de marihuana y, según la Fiscalía, Andalucía -y, sobre todo, Almería- se ha convertido de forma definitiva en una zona de producción de este tipo de droga, para su comercialización a otros países, especialmente de Europa. «No hay provincia que no esté libre de este tipo de actividad pues el precio de un kilogramo de marihuana en el mercado ilícito de 1.490 euros», recoge.
Niveles «absurdos» de trabajo
Finalmente, la Fiscalía de Almería, tal y como recoge la memoria anual del órgano en Andalucía, destaca «la especial dificultad derivada de la carga de trabajo existente» con una plantilla se encuentra infradotada en relación con esta y avisa de que «la situación ha empeorado debido a la reciente creación de órganos judiciales que no ha sido completada con la creación de nuevas plazas fiscales». «Se ha incrementado la carga de trabajo hasta niveles absurdos, recibiendo como única medida paliativa la concesión de algunos fiscales de refuerzo», lamenta.
Esta reflexión precede a un análisis de los delitos económicos, en los que aprecia estabilidad en el volumen de procedimientos por delitos contra la hacienda pública «con un amplio porcentaje de sentencias condenatorias» aunque, según matiza, «dada la compleja y dilatada instrucción de estas causas, así como las dificultades que hallan los juzgados de lo penal para el señalamiento de las vistas, ello contribuye a que en casi la mayoría de sentencias condenatorias recaídas se aprecie la atenuante por dilaciones indebidas».
