La Fiscalía de Almería aboga por prohibir las redes sociales a condenados por «propagar el discurso de odio»

| 20 septiembre, 2024

Ideal.- El racismo y la xenofobia son la primera causa de denuncias por delito de odio en España. También en Almería, una provincia donde la población extranjera es superior a la media del país, cabe destacar. El año pasado, según los datos publicados este verano por el Ministerio del Interior, se denunciaron 18 supuestos delitos de odio en la provincia. Siete de ellos, tenían relación con la raza o procedencia del a víctima. La orientación sexual o la discriminación por sexo o género son la segunda causa de denuncia por delitos de odio más habitual en la provincia y, precisamente, desde colectivos que representan a personas LGTBI se hacen eco sobre ello, incidiendo, además, en que creen que existe aún una «infradenuncia» en lo relativo a este tipo de hechos delictivos.

En todo caso, Almería no está en los últimos balances ministeriales entre las provincias con más casos de delitos de odio de España. Aún así, se trata de un asunto que preocupa al Ministerio Fiscal. La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, recientemente publicada con los datos relativos al año 2023, recoge las apreciaciones de los diferentes órganos territoriales en todas las materias relacionadas con su ámbito, incluyendo propuestas de reformas legislativas que, a juicio de los fiscales deberían ser consideradas.

Precisamente, en lo relativo a los delitos de odio, recoge el anuario andaluz a la propuesta de la Fiscalía de Almería, que considera que «sería conveniente una reestructuración de las penas de los delitos de odio, con preferencia a los reproches económicos o trabajos en beneficio de la comunidad frente a las penas privativas de libertad».

Además, incide en que también convendría «una regulación específica para la prohibición del uso de redes sociales o canales de información a quien se sirve de los mismos para propagar el discurso de odio». Incluso apunta la «conveniencia» de una reforma del artículo 510.5 del Código Penal para «evitar que la pena de inhabilitación arrastre la competencia para el enjuiciamiento en la Audiencia Provincial».

La Delegación de los Delitos de Odio y contra la Discriminación para la Comunidad Autónoma de Andalucía sigue ejerciéndose por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior, José Rogelio Muñoz Oya. Durante el año 2023, apunta el balance anual, se incoaron 38 diligencias de investigación penal, dos de ellas, en Almería. Málaga, con 14, fue la que más casos de este tipo acumuló, seguida de Sevilla (10), Granada (5), Córdoba (4), Cádiz (3). Detalla la Fiscalía andaluza que «la mayoría» de estas diligencias se incoaron por delitos de incitación al odio y denegación de prestaciones (artículo 510.1 y 2 del Código Penal) y amenazas (artículo 170).

Sentencias

En cuanto a sentencias, en el ámbito de Andalucía, Ceuta y Melilla se dictaron el año pasado un total de 16 relacionadas con delitos de odio. En la provincia de Almería se registraron dos sentencias, una en el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería por un delito de daños pero absolutoria de incitación al odio; y una segunda, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, condenatoria por un delito leve de lesiones.

Al respecto del funcionamiento del sistema fiscal, remarca la Memoria que «todos los servicios de delitos de odio y contra la discriminación mantienen contacto directo y colaboración real con los responsables de Policía Judicial (Guardia Civil y Policía Nacional) y Policía Local en las distintas provincias con la finalidad de mejorar toda esta materia y se relacionan habitualmente con distintas asociaciones y perjudicados de los llamados ‘colectivos diana’, que encauzan sus denuncias a través de la Fiscalía».

También indican desde el órgano andaluz en su balance anual que «mantienen y participan» en jornadas formativas sobre este tema concreto realizadas por parte de colegios de Abogados, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado u otras instituciones como la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI, la Fundación Márgenes y Vínculos, la Fundación Secretariado Gitano, el Instituto de Administraciones Públicas o la UNED, entre otros.

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