Admite que la exclusión de los extranjeros constituye discriminación, pero destaca que no hubo incidentes aunque fuera por la prudencia de los vecinos
JOSÉ PARRILLA. LEVANTE – EMV.- La Fiscalía de Valencia ha archivado la investigación del acto organizado en el barrio de Orriols por una ONG próxima a España 2000 en el que se repartieron alimentos únicamente para españoles. Aunque admite que esta formación de extrema derecha tiene un «mensaje discriminatorio» y que en el citado barrio residen muchos inmigrantes, acaba sentenciando que no hubo «provocación suficiente», básicamente porque el acto no duró mucho tiempo ni hubo incidentes.
El evento en cuestión se celebró el pasado 29 de marzo organizado por la ONG Hogar Social Patriótico María Luisa Navarro, vinculada a España 2000. Tal como se anunció previamente y se confirmó después, allí se repartieron más de mil kilos de alimentos únicamente a españoles. Y se eligió Orriols precisamente porque es uno de los barrios de mayor índice de población extranjera, dijeron entonces los organizadores.
La iniciativa, por tanto, desató todo tipo de críticas tanto de colectivos sociales, agrupados en torno a Valencia Acoge, como de grupos políticos, esencialmente el Grupo Socialista, que denunció los hechos a la Fiscalía.
Los socialistas explicaban que el acto en cuestión fue «un reparto de alimentos sólo para nacionales españoles» y que la ONG Hogar Social Patriota «forma parte de la estructura organizativa de España 2000», que en su web la identifica como «brazo social» de la formación.
Precisaban, así mismo, que este partido «propugna la expulsión de los inmigrantes» y sus propuestas «hacen apología del odio y la discriminación social», consecuencia de lo cual en el referido acto se exigía el DNI español para recibir alimentos. Entendían, por tanto, que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Argumentario a favor
Abiertas las diligencias, la Brigada de Información de la Policía Nacional certificó todo lo que habían expuesto los denunciantes, con la aclaración de que el permiso a la Delegación del Gobierno lo pidió el presidente de España 2000, José Luis Roberto.
A pesar de ello y del clamor social que levantó aquel acto, la Fiscalía no ve delito. Admite que España 2000 tiene «un mensaje claramente discriminatorio», que la ONG «es el brazo político de España 2000», y que la comunicación a la Delegación del Gobierno la realizó el presidente de esta formación, pero asegura, así mismo, que «no se produjo incidente alguno» debido a la «actitud prudente de alguno de los vecinos» cerraron la mezquita y las clases del Centro Cultural Islámico y también porque «la duración del acto fue escasa y la afluencia de gente no fue multitudinaria».
Entiende, por tanto, que «no concurren los elementos del tipo penal que pretendían los denunciantes debido a la escasa incidencia del hecho en sí, en cuanto a alteración de la convivencia mediante la provocación al odio o a la discriminación por motivos xenófobos». No existió, concluye, «provocación suficiente».
