Público.- Un grupo de organizaciones ultraconservadoras lleva a los tribunales leyes, medidas y a partidos contrarios a su ideología. La nueva Ley de Educación, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, los sentimientos religiosos, el ‘procés’, incluso Unidas Podemos. Es la estrategia de los ‘satélites’ de la ultraderecha, que además preparan en sus propias academias a los futuros jueces, abogados y políticos.
Llaman a su cruzada ‘Batalla de la Libertad’ y se definen a sí mismos como constitucionalistas. Un grupo cada vez más amplio de entidades ultraderechistas españolas recurren a los juzgados para intentar revertir decisiones políticas que no concuerdan con su ideología: violencia de género, educación igualitaria, eutanasia, derecho al aborto, libertad de expresión sobre el catolicismo y la monarquía … Incluso los artistas son continuamente cuestionados y denunciados cuando tratan estas cuestiones.
Entidades como HazteOir.org y la asociación de Abogados Cristianos son activistas del lawfare. Esta expresión anglosajona, traducida como guerra judicial, ha cobrado en los últimos tiempos un gran protagonismo en España, al llegar a los juzgados un buen número de denuncias y querellas de entidades ultraconservadoras contra todo lo que suponga un cuestionamiento de sus principios políticos y religiosos. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica a Público que fue sobre todo a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy y la conformación del Gobierno de coalición cuando «se ha exacerbado esta guerra judicial».
Urías no cree que sea negativo que las grandes cuestiones de Estado acaben en el Tribunal Constitucional para su estudio. Pero considera una «perversión» que los juzgados ordinarios actúen «a expensas de grupos de presión que lo que quieren es imponer su ideología y su modelo de Estado». Este «activismo judicial» se ve claramente, según Urías, en todo lo relacionado con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y en las cuestiones relacionadas con el procés catalán.
Este experto en Derecho Constitucional advierte de que el activismo judicial de algunos grupos ultraderechistas, como Abogados Cristianos, «está consiguiendo despertar en algunos juzgados una actividad censora, que no les corresponde, en aras de preservar su ideología religiosa y política. Y cita como ejemplo, la reciente sentencia de un juzgado malagueño contra la manifestación del chumino rebelde, en la que se ha condenado a una mujer por vulnerar los sentimientos religiosos.
Instituto de Política Social: querella contra la Ley Celáa
«La batalla está en los tribunales», dice Pablo Hertfelder, presidente de la asociación Instituto de Política Social, a Público, para justificar la querella que ha presentado su entidad contra la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celáa. «Nos dimos cuenta de que no podemos conformarnos con salir a la calle a manifestarnos, hay que presentar denuncias constantemente para hacer cumplir la Constitución, en cuanto a la libertad religiosa, la libertad de las familias para elegir centro educativo, etc.», explica Hertfelder, vallisoletano de 23 años.
Le extraña a este joven que la plataforma Más Plurales, organizada a raíz de la movilización contra la nueva Ley de Educación, «no haya presentado aún una querella contra esta reforma que perjudica a los centros concertados. Cuantas más denuncias, mejor«, dice Hertfelder. El PP, Vox, y Cs ya han anunciado que llevarán la Ley Celáa al Tribunal Constitucional.
Esta entidad, contraria al aborto y a la eutanasia, se define ideológicamente de derechas, pero no le gusta el calificativo ultra. «No vamos a posicionarnos a favor de ningún extremismo. Yo tuve que dejar la presidencia de Jóvenes Pro Familia por su postura contra la homosexualidad y porque se me estaba vinculando con El Yunke», sostiene Pablo Hertfelder, que es hijo de Eduardo Hertfelder, vinculado por algunos medios con la organización ultracatólica mexicana El Yunke.
HazteOir.org acusa a todos los ministros
La plataforma dirigida por Ignacio Arsuaga presentó en junio pasado una «macroquerella» contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos sus ministros, por la gestión de la pandemia. La querella hace alusión a un número indeterminado de «homicidios imprudentes» y está pendiente de ser asignada a un juzgado de instrucción, que deberá dirimir si tiene fundamento. Sus últimas campañas de recogidas de firmas van contra la recientemente aprobada Ley de la Eutanasia y la ley ‘Trans’ que prepara el Gobierno.
La denuncia de la entidad fascista Hogar Social por la covid
El colectivo okupa fascista Hogar Social se suma a la treintena de denuncias interpuestas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por las decisiones tomadas durante el primer estado de alarma por la pandemia. Su presidenta, Melisa Domínguez, está pendiente de sentarse en el banquillo por el ataque con bengalas a la mezquita de la M-30, en Madrid, en 2016.
Asociación de Juristas ProLege, contra Unidas Podemos
«Somos un grupo de jóvenes juristas que nos hemos decidido agrupar por la defensa de los valores constitucionales», así se presentan en su página web los responsables de esta asociación, de reciente creación, que está personada como acusación popular, junto con Vox, en la conocida como pieza Carol del Caso Villarejo, que investiga el presunto robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la posterior publicación de su contenido en medios de comunicación.
ProLege también está personada en la causa abierta contra Unidas Podemos por un presunto delito electoral. El juez Escalonilla, tras concluir que no existían irregularidades en la caja de solidaridad del partido, investiga ahora un contrato con la consultora Neurona para las elecciones del 28-A. Esta asociación de abogados presentó una querella contra el expresident Quim Torra por presunta vinculación con los CDR y la entidad Tsunami Democràtic, que no fue admitida a trámite por no aportar ningún indicio de prueba.
Abogados Cristianos y su ‘cruzada’ religiosa
La Asociación de Abogados Cristianos también mantiene viva su querella contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, en unos términos parecidos a la de HazteOir.org. Es, sin duda, la organización ultracatólica con más recorrido judicial en España. Este año que acaba ha presentado una veintena de nuevas denuncias por todo el país contra artistas y administraciones públicas. «Ojalá no tuviéramos que existir porque en España se respetara la libertad religiosa», dice a Público su presidenta, Polonia Castellanos. La última denuncia presentada, la semana pasada, ha sido contra Manuel Borja-Villel, director del Museo de Arte Reina Sofía por la exposición del artista argentino León Ferrari, fallecido en 2013. Abogados Cristianos considera atentatorias contra los sentimientos religiosos algunas de las piezas exhibidas, como un Cristo crucificado sobre un avión de guerra.
Academias ‘ultras’ para abogados y nuevos líderes políticos
Una de las estrategias de estas organizaciones conservadoras y su lucha judicial es la formación de jóvenes abogados. «Ellos van a ser los próximos jueces y es importante que tengan una formación en valores», dice Polonia Castellanos. Abogados Cristianos cuenta con la Academia Jurídica Diké, que imparte un curso intensivo en verano a doce jóvenes abogados. Según la entidad, otorga becas a sus estudiantes, tras un proceso de selección.
El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) es la sucursal española del partido ultranacionalista francés Frente Nacional, de Marine Le Pen. Como profesores, cuenta con un cuadro interesante: desde Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol española; Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior en la época de Aznar; o el empresario Luis de Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso. También imparte clases, según la web del centro, el magistrado recientemente jubilado José Yusty Bastarreche. Hasta hace unos meses, Yusty era titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid. Fue el juez que paralizó durante ocho meses la exhumación del dictador Franco.
