La millonaria campaña de relaciones públicas para anunciar la «nueva Arabia Saudí» no consigue sus objetivos, lastrada por las denuncias de organizaciones internacionales
FRANCISCO CARRIÓN. EL MUNDO.- La estrategia que, diseminada en una millonaria campaña de relaciones públicas, emprendió hace unos años Arabia Saudí ha cosechado un rotundo fracaso en las últimas semanas, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la cumbre de líderes del G20 celebrada este fin de semana. Contra todo pronóstico, el reino resultó en octubre el menos votado de la región Asia y Pacífico y quedó fuera de una institución creada en 2006 para «promover y proteger los derechos humanos en todo el planeta». Otros países como Rusia, China o Cuba, que habían suscitado reservas similares entre organizaciones internacionales, sí aseguraron su presencia.
Arabia Saudí fue el único país en no conseguir plaza, superado por China, Nepal, Uzbekistán y Pakistán. Los 90 votos logrados frente al gigante chino (139), que se garantizó el cuarto asiento en liza, mostraron con crudeza un aislamiento del que el país ha tratado de huir a pesar de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas por las organizaciones internacionales, desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul hasta la encarcelación de activistas y disidentes o las decenas de miles de vidas segadas tras un lustro de bombardeos en la vecina Yemen.
«La estrategia saudí está destinada al fracaso. La imprudencia de Mohamed bin Salman supera con creces su lógica», apunta a EL MUNDO Saad al Faqih, un histórico disidente saudí que lleva décadas instalado en Londres, donde preside el opositor Movimiento para la Reforma Islámica. La carrera por hacerse con una plaza y su estrepitosa derrota han proporcionado, en cambio, una suerte de fugaz triunfo al castigado exilio saudí. «La estrategia de relaciones públicas ha sido un desastre con cero resultados», opina Walid al Hathloul, hermano de Loujain, una de las activistas detenidas hace dos años que aún permanece en prisión.
En su apuesta por acceder al organismo de la ONU fundado hace 14 años y compuesto por 47 países, con mandatos de tres años, Arabia Saudí anunció la pasada primavera una serie de reformas legales que incluían la reducción del uso de la flagelación como castigo y la abolición de la pena capital para delitos cometidos por menores de edad. Las medidas, sin embargo, fueron recibidas con escepticismo por las organizaciones de derechos humanos, preocupadas por su letra pequeña y la falta de avances tangibles.
«El mundo no se deja engañar. Arabia Saudí lanzó una serie de reformas sobre el papel que, no obstante, no ha cambiado nada sobre el terreno. Sobre la cabeza de trece niños pende aún la espalda del verdugo», advierte Ali al Dubaisi, director de la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos. El año pasado seis personas fueron ejecutadas por supuestos delitos cometidos cuando eran menores de edad. El decreto real promulgado en abril aún no ha logrado la revisión de la pena capital contra tres jóvenes condenados antes de cumplir los 18 años, que aguardan aún en el corredor de la muerte.
En los últimos meses, la presión ha crecido sobre el reino y su líder «de facto», el príncipe heredero Mohamed bin Salman. Al relevo en la Casa Blanca, se han sumado la demanda en los tribunales estadounidenses de Saad Aljabri, durante años un alto cargo del aparato de inteligencia saudí, contra el heredero por enviar a Canadá un escuadrón para asesinarle; los casos de ciberespionaje saudí contra disidentes, periodistas y empresarios como Jeff Bezos; y las denuncias en el seno de la propia familia real saudí por el envío a prisión de algunos de sus miembros.
Varios príncipes han quebrado su silencio para levantar acta de su martirio. Su alteza Salman bin Abdelaziz bin Salman al Saud, arrestado en enero de 2018 junto a otra decena de príncipes, ha llegado a contratar por dos millones de dólares a un conocido lobista de Washington para tratar de lograr su libertad. La princesa Basmah bint Saud bin Abdelaziz Al Saud, otrora un prominente rostro de la vasta familia real, ha suplicado sin éxito a su tío, el rey Salman, una excarcelación que, hasta la fecha, no se ha producido. A la par, han nacido nuevas iniciativas de la diáspora para vocear la persecución interna. La represión no ha cesado. A finales de octubre la familia de la activista Loujain al Hathloul, encarcelada desde mayo de 2018, anunció que la joven ha iniciado una huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que se encuentra. «Durante la visita de mis padres, les dijo que está cansada de ser maltratada y de no poder escuchar las llamadas de la familia», comenta su hermana Lina, preocupada ahora por el rápido deterioro de su salud.
En un año que debía suponer el lanzamiento de la «nueva Arabia Saudí» con la celebración este pasado fin de semana de una cumbre del G-20 deslucida por el coronavirus, los intentos de cerrar con celeridad el caso judicial contra los supuestos implicados en el homicidio de Khashoggi, protegiendo al príncipe heredero y a sus más estrechos colaboradores, tampoco ha ayudado a mejorar su crédito internacional. «No solo fue un asesinato sino también una desaparición, un acto de tortura, un delito contra Turquía, la comunidad internacional y las normas que rigen a todos los países del mundo. Fue un crimen tan violento, obsceno y cruel que no puede ser perdonado», señala a este diario Agnes Callamard, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales que sigue investigando el asesinato y su miríada de interrogantes, entre ellos, el paradero del cadáver.
«El asunto Khashoggi permanece en el corazón de cualquier discurso sobre Arabia Saudí y socava globalmente cualquier capacidad de mejorar su imagen», admite a este diario Andreas Krieg, analista en seguridad del King’s College londinense. «Incluso entre países como China y Rusia que atesoran un terrible historial de derechos humanos, Arabia Saudí destaca por ser el estado que ordenó el asesinato de uno de sus ciudadanos en el extranjero. Cualquier esfuerzo de blanquear la terrible reputación de Arabia Saudita seguirá siendo socavado por el caso Khashoggi mientras Bin Salman permanezca en la cima del poder», concluye.
