El Mundo.- La organización terrorista ETA llegó a disponer de una base de datos informatizada y con importantes medidas de seguridad en la que había información sobre más de 15.000 objetivos. Así consta en un reciente informe elaborado por el servicio de información de la Guardia Civil y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional para incorporarlo en las diligencias por el asesinato del concejal del PP de Durango Jesús María Pedrosa.
La causa abierta trata de esclarecer la vinculación de los responsables de la trama etarra en los atentados, como autores mediatos de los asesinatos. Los procedimientos como el del crimen de Pedrosa se iniciaron por la querella de la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero.
En el informe de los especialistas de la Guardia Civil se detalla que en la base de datos, definida en la documentación interna de ETA como DGZ, «acrónimo correspondiente a Data Gune Zentrala (Base Central de Datos)», aparecían datos sobre 3.760 políticos del PP, 1.060 del PSOE, 1.843 empresarios, 766 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, 919 de las Fuerzas Armadas, 733 guardias civiles, 899 del mundo de la judicatura, 483 de medios de comunicación, entre otros.
En el listado también figuran informaciones sobre 157 representantes del PNV. En el listado intervenido en varias operaciones a ETA figuran también abogados, miembros de la aristocracia, integrantes de la Casa Real, del CNI, 200 ertzainas, escoltas, escritores, ex militantes de ETA, fiscales, miembros del Foro de Ermua, funcionarios, un representante de «la Iglesia», 350 funcionarios de Prisiones, Mossos d’Esquadra, etcétera.
Uno del los listados de objetivos fue intervenido al que fuera número uno del aparato político de ETA, Mikel Albizu, Mikel Antza, durante su detención en Francia en la que también fue capturada su compañera, María Soledad Iparraguirre, Anboto. Ambos estaban encuadrados en la estructura directiva de ETA y ambos están siendo investigados en el sumario por el asesinato de Pedrosa. Los autores materiales del atentado no han sido condenados porque se presume que fueron los integrantes del comando Vizcaya, que murieron al hacerles explosión la bomba con la que iban a cometer un atentado en el barrio bilbaíno de Bolueta.
Según explica la Guardia Civil, el DGZ «es el archivo al que recurrían diferentes aparatos y estructuras de la organización terrorista cuando tenían necesidad de información sobre potenciales objetivos contra los que dirigir la actividad terrorista o la extorsión». Y era manejado y gestionado por la dirección de ETA.