ITON GANDOL- Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) es una organización independiente que promueve la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto con gobiernos, partidos políticos y sociedad civil. En el día de hoy, ACOM informó que la Diputación de Valencia recibió una condena judicial por promocionar el odio y la discriminación contra los judíos.
«En mitad de la grave situación sanitaria y económica en España los enemigos de Israel y de los judíos continúan desde el gobierno con su campaña de odio y discriminación», expresó ACOM a través de Twitter, y procedió compartiendo la información correspondiente al caso.
A continuación, el detalle de lo ocurrido con la Diputación de Valencia relatado por la entidad:
El 14 de junio de 2018, los portavoces de Compromís, Izquierda Unida, PSOE y Valencia en Común presentaron una addenda al acuerdo aprobado en el pleno del 22 de mayo de 2018 sobre la defensa de los derechos humanos de los palestinos. La nueva maniobra política proponía dejar sin efecto el acuerdo del 2016 que estaba impugnado en los tribunales y, al mismo tiempo, volver a acordar la adhesión a la campaña de boicot contra Israel y sus ciudadanos denominada «Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)» del Movimiento BDS. En concreto, introdujeron un nuevo texto sobre defensa de los derechos humanos del pueblo palestino que establezca que «la Provincia de Valencia se declara espacio libre de crímenes de guerra, incluido el crimen de apartheid y en este marco apoyará las campañas de «Espacio Libre de Apartheid Israelí»».
Finalmente, el Pleno de la Diputación celebrado el día 19 de junio de 2018, después de revocar el Acuerdo de fecha 29 de diciembre de 2016, volvió a declarar la Provincia de Valencia «espacio libre de apartheid», estableciendo que “en este marco apoyará las campañas en defensa del pueblo palestino”. Obviamente, se trataba de una burda maniobra para enmascarar la intención real de la propuesta que es la declaración oficial de la Diputación como “espacio libre de apartheid israelí”, pues el Estado de Israel es el único a quien se acusa de tal “apartheid” en todos los acuerdos de la Diputación.
A pesar de este camuflaje, el Juzgado número 3 de Valencia, con fecha 13 de marzo y sentencia 101/2020, ha rechazado esa maniobra ilegal, afirmando que constituye una incitación al odio y a la discriminación, quebrantando la Constitución española. No sólo eso: también ha recalcado extralimitación competencial de la Diputación para adoptar ese tipo de acuerdos.
Los tribunales de justicia españoles ya se han pronunciado sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de la campaña BDS. ACOM, principal denunciante del discurso del odio y/o la discriminación por razón étnica y nacional que promueve este movimiento, ha logrado que 62 acuerdos hayan sido anulados por resolución judicial o las propias instituciones hasta la fecha. Todas ellas han incidido en que son unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia, convirtiendo a la instituciones en cotos cerrados contra los judíos, el estado nacional judío donde viven más de la mitad de los judíos del mundo y a los españoles que simpaticen con Israel y no estén dispuestos a verse obligados a denunciar y renunciar al estado judío públicamente, lo que por extensión implica a los miembros de las comunidades judías de España.
