ALBERTO ROJAS. ELMUNDO.- En la madrugada del 14 de enero de 2016 tres bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid, que realizaban labores de rescate frente a las costas de Lesbos (Grecia) fueron detenidos bajo acusación de tráfico ilegal de personas. Las autoridades helenas aseguraron que habían cruzado ilegalmente hacia aguas turcas y habían remolcado una embarcación con problemas llena de refugiados, lo que a ojos de la policía les convertía en traficantes de personas, cosa que los rescatadores negaron siempre.
No fue el primer choque entre las autoridades pero sí el más evidente. A partir de ese momento, salvar vidas en el mar no sólo ha sido cada vez más difícil para estas ONG por las trabas burocráticas, sino que se las ha señalado como parte del problema, se ha legislado contra ellas y se ha criminalizado su actividad. El último caso, el de la activista española Helena Maleno, fundadora de la organización Caminando Fronteras, es un buen ejemplo de esa persecución contra el trabajo humanitario de ayuda a los inmigrantes. Maleno ha sido investigada por la policía de fronteras española, que la acusa de connivencia con las mafias de tráfico de personas por sus llamadas a salvamento marítimo cuando hay migrantes en peligro en el mar.
Gracias a su sistema de alertas, que refleja también en su twitter, Salvamento Marítimo ha rescatado a cientos de personas, lo que le ha valido varios premios de Derechos Humanos. «No me esperaba esto de la policía española. Quieren verme en la cárcel y que mi caso sea ejemplarizante para atemorizar a otras ONG de ayuda a los inmigrantes«, dice Maleno a EL MUNDO. Maleno no es la primera activista que recibe algún tipo de presión policial con su trabajo. José Palazón, responsable de la ONG Prodein, ha sido acusado en numerosas ocasiones sin ninguna prueba de manipulación en sus denuncias de violencia policial en el trato a inmigrantes.
Otras ONG, como Proactiva Open Arms o Médicos Sin Fronteras, también han sufrido el hostigamiento en sus operaciones de rescate del Mediterráneo central por parte las autoridades italianas o europeas. Frontex acusó directamente a estas organizaciones de favorecer el tráfico de personas frente a Libia con su presencia en aguas internacionales, opinión a la que se unió, por ejemplo, el ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido. «Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular», llegó a asegurar. Varios barcos de las ONG fueron confiscados en puertos italianosdurante el pasado verano, mientras que a todas las organizaciones se les obligó afirmar un código de conducta que restringía, de facto, todos sus movimientos y su actividad.
«Nosotros ayudamos a la gente que muere y se juega la vida en el Mediterráneo, a la que Europa está dando la espalda. Desde luego si ayuda significa apoyar unas políticas insolidarias no estamos para ayudar», declara Médicos Sin Fronteras.«criminalizar ahora mismo» a las ONG es una «cortina de humo» para que «no se ponga en cuestión ese ejercicio de cinismo».
Otra acusación recurrente era que los barcos de estas ONG entraban en aguas territoriales libias para recoger a inmigrantes y llevarlos hasta las costas italianas,una acusación que nunca se sostuvo porque fueron mínimas las incursiones en aguas libias y estuvieron justificadas por rescates de emergencia, como ordena la ley del mar.
Los que, con frecuencia, salían de sus aguas para amedrentar a estas embarcaciones de rescate eran los guardacostas libios, entrenados por Frontex, que no dudaban en disparar con fuego real para alejar a los barcos de ayuda, pese a que se encontraban en la llamada zona SAR (Salvamento y Rescate).
«No voy a huir ni a darme la vuelta», dice Helena Maleno. «Me sorprende que hasta ahora la Justicia marroquí me haya tratado con muchas más garantías que la policía española, que ha construido una causa política, no delictiva. Tiene que ver con ese retroceso de la empatía humana a la vez que crece el negocio de la seguridad de fronteras y el control migratorio».
Este miércoles, Maleno declara ante la Justicia marroquí después de que la Audiencia Nacional española no haya encontrado ningún indicio de delito. «Este drama en el mar no importa a las autoridades porque los muertos los pone África«, concluye.
