EFE. ELDIARIO.ES.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió este martes a los Estados que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos de la gente en la aplicación de las medidas preventivas y restrictivas ante la pandemia del COVID-19.
«En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas», indica un pronunciamiento emitido por la Corte IDH, que tiene su sede en Costa Rica.
El alto tribunal agregó que «el derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética» e hizo un énfasis especial en que las trabajadores del sector de la salud, quienes «deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad».
En momentos en que la mayoría del continente americano aplica cuarentenas o restricciones a la circulación de las personas, la Corte Interamericana afirmó que toda medida que los Gobiernos apliquen se debe ajustar a los estándares internacionales de los derechos humanos.
«Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución», añade el pronunciamiento.
La Corte Interamericana hizo un llamado a que se garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin ningún tipo de discriminación para poblaciones vulnerables como las personas mayores, las niños, los discapacitados, los migrantes, los refugiados, los apátridas, los privados de la libertad, las personas LGBTI, las embarazadas o en período de post parto, los indígenas, los afrodescendientes, los pobres, entre otros.
El pronunciamiento del tribunal también pide a los Estados atender con especial cuidado la violencia contra las mujeres en el hogar, reducir el hacinamiento en las cárceles, garantizar el derecho a la información de la población, respetar derechos laborales, y combatir la xenofobia, el racismo y todo tipo de discriminación.
