Europa Press/La Vanguardia.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Juventud y Política Social ha estimado no sancionar al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por sus cursos sobre terapias para la homosexualidad.
La Secretaría General Técnica de la Consejería de Juventud y Política Social ha estimado no sancionar al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por sus cursos sobre terapias para la homosexualidad.
Los hechos se remontan a abril de 2019 a raíz de una información publicada por ‘eldiario.es’ que aludía a que esas terapias estaban siendo realizadas en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares.
El escrito de la Secretaría General Técnica, adelantado por ‘eldiario.es’ y al que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que con fecha de 2 de abril tuvo entrada un escrito de denuncia por la posible infracción de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de orientación sexual en la Comunidad de Madrid.
La denuncia manifestaba la existencia de un servicio destinado a la ejecución y práctica de terapias reparativas para «curar la homosexualidad» por personal de la Diócesis de Alcalá de Henares.
Ante esto, la Consejería cree que el derecho de información» debe conciliarse adecuadamente con el derecho a la intimidad», porque «una grabación, así como su posterior utilización de la misma, puede afectar al derecho de la intimidad cuando el contenido de lo grabado afecte a parcelas periféricas de la grabación».
A su juicio, el derecho a la información puede justificar una investigación por parte de un periodista «pero aplicado al canon de proporcionalidad en su contraste con los derechos fundamentales a la intimidad de las personas afectadas». «En el supuesto examinado se aprecia que pudo ser satisfecho sin necesidad de proceder a la grabación de la conversación», esgrimen.
Es por ello que dan por finalizado el periodo de información previa que se inició el 2 de abril y no incoar el procedimiento sancionador alguno de acuerdo con lo previsto en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia.
«Una vez valorados los argumentos esgrimidos, al no contar con otras pruebas distintas a las obtenidas por el periodista sin el consentimiento de la interesada, se ha propuesto que se acuerde dar por finalizado el periodo de información previa y no acordar incoación de procedimiento sancionador alguno», reza el texto.
No obstante, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Juventud y Política Social en el plazo de un mes.
En declaraciones remitidas a los medios, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha recordado que estas «mal llamadas terapias son ilegales en la Comunidad de Madrid» y ha lamentado que el Gobierno regional cierre esta investigación a pesar de las pruebas. «Nosotros vamos a interponer un recurso de alzada y vamos a pedir la comparecencia de la consejera (Concepción Dancausa) para que expliquen por qué han tomado esta decisión aberrante de dejar impune una cosa tan grave como una terapia para curar la homosexualidad», ha lanzado.
