El Gobierno madrileño lo ha tipificado como infracción «muy grave» castigada con una multa de entre 20.001 y 45.000 euros
EUROPA PRESS. EL PERIÓDICO.- La Comunidad de Madrid ha abierto un procedimiento sancionador, con multa entre los 20.001 euros a los 45.000 euros, contra Elena Lorenzo Rego, una ‘coach’ que fue denunciada en 2016 por vulnerar la Ley contra la LGTBifobia al ofrecer a través de internet terapias para la curación de la homosexualidad.
La decisión se ha acordado en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno tras recibir un informe de la Consejería de Políticas Sociales que tipifica como infracción «muy grave» en virtud de esta normativa, según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
La decisión se produce justo en el mismo día en que la Comunidad de Madrid ha avanzado la apertura de una investigación relativa a los cursos de homosexualidad del Obispado de Alcalá, tras presentarse varias denuncias por colectivos aludiendo también a la acusación de que estas actividades se orientan a revertir esta condición sexual.
En concreto, se ha acordado iniciar el proceso sancionador contra E.L.R tras la denuncia presentada por la asociación Arcópoli ante la presunta comisión de una infracción derivada de la promoción a través de internet de «terapias de curación de la homosexualidad». Se le acusa de vulnerar el artículo 70.4 de la Ley contra la LGTBifobia.
Dos denunciantes particulares
Tras un periodo de información previa abierto por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la posterior denuncia en el 2017 de dos particulares por los mismos hechos, la Secretaría General Técnica del departamento que dirige Lola Moreno califica esta oferta de terapias para curar la homosexualidad de infracción muy grave y procede al inicio del procedimiento sancionador contra esta persona. La sanción a la que se tendría que hacer frente va desde los 20.001 euros a los 45.000 euros.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de esta normativa, ha incoado 18 procedimientos sancionadores (17 leves), de los que 14 han sido objeto de sanción por vulneración de diferentes artículos de dicha Ley. Por lo que se refiere a la cuantía de las sanciones impuestas hasta el momento, oscilan entre apercibimiento en un caso, y los 200 y los 1.500 euros en el resto, según las circunstancias del caso concreto.
En concreto las 14 sanciones impuestas hasta el momento se han producido por utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad, expresión de género o que inciten a la violencia contra la personas o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en redes sociales; y por discriminar a un trabajador por razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género, sea ésta real o percibida.
Compromiso institucional
Con estas sanciones, según las mismas fuentes, el Gobierno regional «vuelve a reafirmar su compromiso con
la protección de aquellas personas que sean víctimas de discriminación,
delito de odio, trato discriminatorio, vejatorio o degradante por su orientación sexual, identidad o expresión de género».
«La Comunidad de Madrid no va a permitir ni un solo caso de LGTBifobia o de discriminación por razón de orientación e identidad sexual y respeta la libertad, el ejercicio de los derechos y mantiene un compromiso inequívoco contra la LGTBifobia y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por razón de orientación e identidad sexual», agregan desde el Gobierno regional.
Uno de esos casos fue el caso de la sanción por 1.000 euros al director del Colegio Juan Pablo II de la localidad de Alcorcón por una misiva remitida al alumnado en 2017 por relacionar la Ley contra la LGTBifobia con el «fanatismo terrorista«.
Críticas aceptables
No obstante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló en octubre del año pasado esta sanción al docente al entender que la tipificación de las sanciones de la ley no estaba suficientemente desarrollada y que se realizaba en esa carta una crítica a la mencionada normativa.
En La Comunidad de Madrid inició también ese año un procedimiento sancionador valorado en 1.500 euros contra la asociación Hazte Oír por el reparto en colegios de la región de unos folletos sobre «leyes de adoctrinamiento sexual», entre la que se encuentra la ley contra la LGTBifobia de la región.
