Movimiento contrala Intolerancia reclama una Ley Integral contra los delitos de odio, y una Ley General para la Igualdad de Trato y Anti Discriminación
ROSALINA MORENO. CONFILEGAL.- La Comunidad de Madrid creará esta legislatura un Observatorio regional de víctimas, que prestará “especial atención a aquellas afectadas por delitos de odio, delitos violentos y a los menores que sufren violencia”.
Lo anunció ayer el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, magistrado en servicios especiales y secretario de Justicia e Interior del PP, en la inauguración de la jornada ‘Retos ante la violencia. Delitos de odio y violencia de género’, organizada por AET Transexualia.
En su intervención, López ha destacado que “todas las víctimas de delitos, que los son por su sexo, edad o decisiones libres que han tomado, merecen además de justicia y reparación, el máximo respaldo social y todo el apoyo que la Administración les pueda dar”.
“Trabajamos para garantizar apoyo y asistencia a las víctimas desde el momento en que interponen una denuncia y durante todo el proceso judicial”, ha explicado el consejero.
El titular de Justicia del gobierno regional ha detallado que su departamento trabaja desde una triple vertiente para ayudar a las víctimas: “La de Interior, coordinando todos los servicios o protocolos en materia de seguridad; el área de víctimas, dando apoyo material y moral a quien haya sufrido un ataque a su integridad por ser como es; y, por último, desde el ámbito judicial, a través de una amplia red de juzgados, con personal especializado para garantizar la protección de quienes sufren violencia de género o delitos de odio”.
Enrique López ha expuesto que la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dispone de un amplio abanico de recursos para dar ayudas a las víctimas de estos delitos.
Ha explicado que existe una “red de oficinas de asistencia a víctimas de delitos, que ofrece un servicio público y gratuito a las víctimas de cualquier tipo de delito”, entre las que se encuentran las de odio; además hay 75 equipos psicosociales, con 155 profesionales entre psicólogos y trabajadores sociales; y también existe un servicio de orientación jurídica, “pionero en nuestro país”, y que prestan los Colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares.
Además, López ha recordado que se han tomado medidas para “avanzar en la humanización de los juzgados”, como los recorridos diferenciados, la implantación de cámaras Gesell y la ampliación del sistema de videoconferencias.
El consejero ha señalado todas estas iniciativas están encaminadas a “garantizar la no ‘revictimización’ en los procesos judiciales”, un hecho “muy relevante en los casos de delitos de odio, violencia de género y contra los menores”.
“Pese a los avances conseguidos”, el consejero ha defendido la necesidad de “seguir trabajando” para mejorar la atención a estas víctimas.
Enrique López ha hecho hincapié en su intervención en que “la sociedad en su conjunto, liderada por los poderes públicos, tiene la responsabilidad colectiva de recordar que nadie está por encima de los demás, que ninguna persona tiene derecho a discriminar”.
“Todos estamos comprometidos en la necesidad de adoptar los esfuerzos necesarios para combatir la intolerancia, el odio y la falta total de empatía ante lo que algunos puedan considerar como diferente”, ha señalado López.
Y ha añadido que “la Comunidad de Madrid trabaja en la defensa activa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.
Movimiento Contra la Intolerancia destaca que la Comunidad sería «pionera» en el reconocimiento de las víctimas de delito de odio
Esteban Ibarra, presidente de la asociación Movimiento contra la Intolerancia, celebra que en la Comunidad de Madrid den este paso de crear un observario de víctimas que “reconozca las singularidades de todas ellas y del delito de odio”, según ha manifestado a Confilegal.
Señala que la Comunidad de Madrid sería así “pionera en el reconocimiento de las víctimas de estos delitos”.
Movimiento contra la Intolerancia reclama una Ley Integral contra los Delitos de odio, “para asegurar los instrumentos punitivos penales frente a ellos”; y una Ley General para la Igualdad de trato y antidiscriminación, “para asegurar las sanciones administrativas que correspondan”.
También pide una reforma del Código Penal para “universalizar la protección de las víctimas de delitos de odio”.
