La universidad, responsable de regular el servicio, justifica que antes «se desaprovechaba» y con esta limitación «han mejorado los resultados»
La inversión para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva se ha reducido a la mitad desde 2006, de 125.000 a 67.000 euros
«Las condiciones han empeorado y se han ofertado precios por hora irrisorios», denuncia la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid
SOFÍA PÉREZ MENDOZA. ELDIARIO.ES.- Juanma ha suspendido la última asignatura que le quedaba para titularse en Pedagogía. El curso que viene tendrá que apañarse para aprobarla sin intérprete porque su universidad, la Complutense de Madrid, penaliza a los estudiantes sordos que no pasan las materias a la primera sin este recurso para recuperarla el siguiente año.
«Tendré que comunicárselo al profesor y a ver cómo hago. Esto es responsabilidad de la universidad y ahora recae sobre mí», dice el estudiante. Su intérprete, cuenta, tenía dificultades para entender los contenidos de la asignatura, lo que ha complicado seguir el curso con normalidad.
Para el porqué de esta penalización, la UCM justifica que «se planteó la necesidad de limitarlo a la primera matrícula en 2010 porque se constató el desaprovechamiento de este recurso, observando casos de octava matrícula». «Desde entonces, se ha conseguido que mejoren los resultados y la responsabilidad académica y social, necesaria cuando los recursos están limitados», añaden las fuentes consultadas.
La situación que describe Juanma la conoce bien la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, donde acuden estudiantes con los mismos problemas. «Las universidad no suelen tener en consideración las necesidades de los profesionales a la hora de preparar o interpretar las clases por lo que encuentran dificultades a la hora de realizar su trabajo», explica la vicepresidenta Ana María Marante a eldiario.es.
Cada universidad regula dentro de su autonomía el servicio de intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE). Los centros destinan la parte del presupuesto que consideran y subcontratan el servicio a través de concurso público. La adjudicación se la lleva la empresa que consigue la oferta más baja.
La Complutense ha destinado este curso de inicio cerca de 67.000 euros, aunque el presupuesto final puede bajar. Por la gestión del servicio han pasado desde 2006 varias entidades, entre ellas grandes empresas multiservicio como Seprotec. Cuando el convenio se puso en marcha en 2006, el presupuesto que se destinaba a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva era de 125.000 euros. Ahora es la mitad, una reducción que la Complutense justifica porque hay un menor número de usuarios, de 26 a 8 el curso pasado.
Además, su convenio regula que algunos alumnos sordos tienen preferencia sobre otros para tener derecho al recurso «en el supuesto de que no hubiera disponibilidad presupuestaria». Los primeros son los estudiantes que ya habían cursado sus estudios el año pasado y luego los de nuevo ingreso, donde los que tienen más nota están por delante si no hay dinero suficiente para todos.
«Los intérpretes me decían que estaban ganando seis euros por hora», cuenta Juanma. La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid acredita que en la última década «han empeorado las condiciones laborales y salariales llegándose a ofertar precios por hora irrisorios y sin tener en cuenta el trabajo previo que conlleva la interpretación».
El perfil del intérprete, se quejan las asociaciones, no está reconocido como profesión especializada. La formación habitual pasa por un curso de dos años que no siempre es suficiente cuando necesitan vocabulario muy concreto como el que se utiliza en una clase de Medicina o Derecho. «No es lo mismo que una conversación cotidiana», subraya Juanma. Esta formación dio el salto a la universidad por primera vez el curso pasado, cuando la Universidad Rey Juan Carlos puso a funcionar el Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda.
El doble de alumnos, los mismos recursos
Desde el Área de Atención a la Discapacidad de la Autónoma advierten de que el número de personas con discapacidad que estudian en la universidad se ha duplicado en los últimos años pero no los recursos para que puedan hacerlo en igualdad de condiciones. «En 2009 tuvimos 131 matrículas y el curso pasado 343», explican desde la oficina que se encarga de coordinar a los intérpretes con las personas sordas. «Creemos que se puede hacer mucho más. También a nivel de formación y de sensibilidad, de que el resto de personas conozcan y convivan con estos recursos», reconoce una de las trabajadoras.
Esta universidad se ahorró el curso pasado 5.000 euros respecto al presupuesto base que se fijó para la licitación del servicio: de 32.400 euros a 27.500. Con este dinero se paga a siete trabajadores que acompañan a siete estudiantes.
Los estudiantes sordos deben mantener un régimen de comunicación a rajatabla si faltan a clase. En caso de enfermedad tienen que comunicarlo con 24 horas de antelación, lo que a veces no es posible, y si las ausencias sin aviso suficiente se repiten de forma habitual, la universidad puede retirar el servicio. «El incumplimiento no justificado de estos plazos conllevará el cese temporal o definitivo», dice el convenio de la UCM de 2016-2017.
Para las asociaciones de personas sordas y Juanma, hay mucho camino por recorrer en sensibilización. Hacia el profesorado, hacia otros compañeros y hacia la sociedad en general. «El desconocimiento y el recelo siempre juegan en contra del alumnado sordo», concluye Ana María Marante.
