Acnur recuerda que España debe asegurarse de que el retorno no suponga una amenaza para la vida de las personas retornadas
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) condenó este lunes las deportaciones de inmigrantes que el Ministerio del Interior está impulsando tras el repunte de llegadas a las islas Canarias. Como ha revelado EL PAÍS, el Gobierno ha organizado desde junio siete vuelos de repatriación desde el archipiélago a Mauritania, país con el que España mantiene un acuerdo de readmisión desde 2003. Entre los expulsados hay un alto número de personas que han declarado ser de Malí, uno de los países más pobres del mundo inmerso en diversos conflictos armados.
La organización señala que si bien España no está procediendo a devolver directamente a ciudadanos malienses a Malí, sí hay indicios de que Mauritania, tras recibir a los repatriados, procede a expulsarlos a sus países de origen. “Estos traslados comprometen la seguridad de estas personas, al ser devueltas a un país en conflicto”, denuncia CEAR.
El Ministerio del Interior no facilita datos acerca de los procesos de repatriación y tampoco hay información acerca de lo que ocurre con los migrantes deportados una vez están en suelo mauritano, pero una nota de la Agencia Mauritana de Información da alguna pista. El texto, con fecha del 21 de enero, informa sobre la llegada desde Tenerife del penúltimo vuelo en el que viajaban 46 inmigrantes, 34 de ellos malienses y su posterior repatriación a sus países de origen. “El lunes [20 de enero] se ha procedido a la repatriación desde Nuadibú de un grupo de inmigrantes ilegales a sus respectivos países con respeto a las normas y a las condiciones internacionales previstas en este ámbito”, explica el texto de la agencia.
“Entendemos que las personas, en ningún caso, deben ser expulsadas o devueltas a situaciones donde su vida o su libertad estén bajo amenaza. Y, aunque hayan tenido la oportunidad de solicitar protección internacional y no lo hayan hecho, no se puede poner sus vidas en riesgo con una deportación a un país tercero a sabiendas de que su destino final será un país en conflicto. El Servicio Jesuita a Migrantes ya había denunciado que el elevado número de malienses a bordo de esos vuelos sugería que no se estaba prestando la adecuada asistencia para que ejerciesen su derecho a pedir asilo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también se ha posicionado sobre estos vuelos de repatriación. «La posición de Acnur sobre los retornos a Mali se actualizó en julio 2019, se compartió con todos los Estados y es pública. En ella se alerta sobre la situación de inseguridad que prevalece en distintas zonas del país, especialmente en la región norte y centro», explica una portavoz. «Respecto a las devoluciones, recordar que cualquier retorno a otro país se debe realizar con todas las garantías y que el Estado que la lleva a cabo, es responsable de asegurarse con el país receptor que el retorno no suponga una amenaza para la vida o la integridad de las personas retornadas, directa o indirectamente; y que se realiza con pleno respeto al principio de Derecho Internacional de la no devolución».
La Asociación Marroquí para la integración de Inmigrantes también se ha sumado a las críticas. “De ningún modo se puede consentir que se normalicen las deportaciones de las personas migrantes llegadas a Canarias y exigimos el cese inmediato de estas prácticas contrarias a los derechos humanos”, ha denunciado el presidente de la entidad Ahmed Khalifa.
