EFE.- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, se mostró preocupada con el futuro de los derechos humanos en Brasil e hizo un llamado para que estos sean respetados en el gobierno del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
El futuro gobierno de Brasil debe «respetar los derechos humanos de todos los brasileños, los de cada uno de ellos», dijo Macaulay a Efe durante una rueda de prensa con la que la CIDH, una comisión vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), finalizó una visita de dos semanas a Brasil en la que evaluó la situación del país en materia de derechos humanos.
Aunque ningún miembro de la Comisión se refirió con nombre propio a Bolsonaro, la CIDH se mostró preocupada con temas que el ultraderechista ha citado desde su campaña como el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, la limitación de los derechos de los trabajadores y la posibilidad de disminuir la mayoría de edad penal.
La CIDH pidió frenar los discursos de «intolerancia y odio» que afectan a comunidades LGTB, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, trabajadores rurales, ya que «distorsionan, desprestigian y estigmatizan el papel y la función de los derechos humanos».
Para la Comisión, que desde hacía 23 años no visitaba Brasil, la situación de los derechos humanos en el gigante sudamericano es «crítica» porque es un país que «no ha logrado resolver la discriminación racial y social», y que necesita una reforma de la justicia.
Entre los aspectos que más preocuparon a los miembros de la Comisión están los relacionados con la «desigualdad y las discriminaciones profundas» en un país que «no ha logrado resolver la discriminación racial y social», y con una institucionalidad jurídica debilitada y que requiere reformarse
De acuerdo con el informe de la CIDH, los pobres y los afrodescendientes siguen siendo las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Brasil, en tanto que los asesinatos extrajudiciales cometidos por policías y agentes del Estado quedan impunes y sin respuesta por parte de la justicia.
