EFE. EL DIARIO.ES.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este miércoles que el Estado uruguayo tiene «una deuda» con las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985).
Durante una conferencia de prensa en la sede del Mercosur para detallar la visita de trabajo de la CIDH en Uruguay, Antonia Urrejola, relatora de la comisión para el país, subrayó que «independientemente de los gobiernos de turno», hay un problema que le compete «a la sociedad uruguaya completa».
En Uruguay, Urrejola se reunió con familiares de detenidos desaparecidos, con víctimas de violencia sexual durante la dictadura, con una persona que fue torturada, visitó un memorial y solicitó los antecedentes de procesados y condenados.
«A mi me ha sorprendido lo poco que hay», subrayó.
La visita de tres días de la CIDH a Uruguay se hizo para obtener información sobre la situación de los derechos humanos en el país.
De acuerdo con ello, los temas fundamentales tratados fueron con relación a las personas privadas de libertad, las víctimas de violación de sus derechos humanos durante la dictadura, la situación de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI.
Sobre dichos temas, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que la CIDH puso en su informe anual de 2018 que Uruguay continúa siendo «uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región».
En concordancia con eso, destacó «los avances» emprendidos por el Estado en la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad».
También, la creación de espacios de memoria y la sanción de leyes de protección y reconocimiento de los derechos a las personas adultas mayores y a las personas LGBTI.
En cuanto a niños, niñas y adolescentes, la comisión vio «con gran satisfacción» las políticas publicas implementadas por el Estado para enfrentar el reciente aumento de los casos de violencia y maltrato infantil.
Pese a ello, Arosemena detalló que, durante la visita de trabajo, recorrió un centro de cumplimiento de las medidas socioeducativas de privación de libertad de los adolescentes y constató que su infraestructura «mantiene un carácter carcelario y no de socialización y de habilitación de los adolescentes».
«Hoy no cuenta este centro con las condiciones adecuadas para custodia y el proceso socioeducativo de los adolescentes», enfatizó la comisionada.
En cuanto a la privación de libertad de mayores de edad, Urrejola destacó los avances de Uruguay, sobre todo con relación al uso de la prisión preventiva.
Sin embargo, instó al Estado a disminuir las cifras de personas que cumplen preventiva porque son «muy altas» y esa medida es solo «excepcional».
También, explicó que la CIDH recibió información sobre la necesidad de mejorar las condiciones de detención en las cárceles.
Urrejola celebró que en 2018 Uruguay haya dictado la primera sentencia aplicando al homicidio el agravante de femicidio, ya que calificó como «alarmante» la información de que la violencia domestica es el delito más frecuente en el país luego del hurto.
Finalmente, la comisión destacó los «importantes avances» sobre el reconocimiento de la identidad o expresión de género de las personas LGBTI en Uruguay con la promulgación de la Ley Integral para Personas Trans, aprobada en el país el pasado 19 de octubre.
