El Periódico.- La Ley de Igualdad ya llegó al Senado en 2019, pero fue bloqueada por los conservadores
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este jueves una propuesta de ley para prohibir la discriminación de personas del colectivo LGBTQ en ámbitos como la educación, la vivienda o el empleo, y a la hora de recibir créditos o servir como miembro de un jurado, entre otros.
El borrador recibió el apoyo de 224 votos a favor frente a 206 en contra en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que tuvieron el respaldo de tres republicanos a esta medida.
El llamado proyecto de Ley de Igualdad pasa ahora al Senado, también de mayoría progresista y donde se necesitan 60 apoyos para que salga adelante (en esta cámara los demócratas y los republicanos tienen 50 escaños, respectivamente, con el voto de desempate de la vicepresidenta del país, Kamala Harris).
Esta propuesta, que de salir adelante enmendará varias leyes de derechos civiles federales, no es nueva, ya que fue aprobada en 2019 en la Cámara Baja pero fue bloqueada en el Senado, en aquel entonces dominado por los conservadores.
El legislador David Cicilline, que reintrodujo esta iniciativa, defendió este jueves en el pleno que la medida es necesaria para garantizar los mismos derechos a todos los estadounidenses, independientemente de su orientación sexual.
«La discriminación está mal. Como niños, aprendemos una regla de oro: trata a los demás de la manera que te gustaría que te trataran. Ahora la discriminación es un hecho en la vida de millones de estadounidenses LGTBQ», dijo Cicilline, que representa al Distrito 1 de Rhode Island.
«El hecho es -siguió- que en la mayoría de los estados una persona LGTBQ está en riesgo de que se le niegue vivienda, educación o de servir en un jurado por ser quién es».
La propuesta ha suscitado un agrio debate con los republicanos, que sostienen que podría infringir las libertades religiosas y que podría contribuir a que se paguen abortos con el dinero de los contribuyentes.
El legislador de Texas Chip Roy prometió combatir esta iniciativa en los tribunales si acaba convirtiéndose en ley, alegando que es inconstitucional.
En su opinión, la definición de sexo en esta propuesta «inserta el derecho a abortar en la Ley de Derechos Civiles»: «La Ley de Igualdad podría ser empleada para forzar un derecho universal a abortar antes del nacimiento, fuerza a los profesionales médicos a llevar a cabo o ayudar en abortos y determinadas cirugías…», advirtió.
