Míriam Armero se pone en manos de un bufete de abogados, que no descarta solicitar una prueba caligráfica a sus vecinos y presentar una denuncia por injurias
RUBÉN SERRANO. LA VERDAD.- La cajera cartagenera ‘invitada’ a abandonar el edificio donde reside, por riesgo de contagio al resto de inquilinos, emprenderá medidas legales para dar con el responsable que le escribió esa petición. Míriam Armero, de 38 años, recibió una carta debajo de la puerta de su domicilio el pasado domingo. Ahora, se ha puesto en manos de un despacho de confianza de Barcelona, que ha enviado un burofax a la comunidad de propietarios. De no salir el autor, irán a juicio y emprenderán «medidas legales», con una prueba caligráfica a los diez residentes del bloque, explicaron desde el bufete.
Desde el pasado domingo, el bloque número 3 de la calle Canigó, en Cartagena, es un trasiego de diferentes medios de comunicación. Armero denunció la situación a través de las redes sociales, en un mensaje que ha llegado a miles de personas y a diversos puntos de España. Esta madre de dos hijos trabaja de cajera en el supermercado Aldi, en el polígono industrial Cabezo Beaza, y sigue recibiendo aluviones de comentarios de apoyo al respecto. También de la propia comunidad de vecinos, que la respalda y apoya en las vías jurídicas que precise tomar.
«Vive aquí desde hace cuatro meses y la hemos apoyado en todo desde el minuto cero. La gente debe ser empática y me siento fatal, pero no podemos ir señalando puerta por puerta. Míriam es una mujer muy buena, que trabaja desde los 16 años y ha sido siempre muy agradable cuando hemos cruzado alguna palabra en las escaleras. La vamos a ayudar en lo que necesite», explicó ayer a LA VERDAD la presidenta de la comunidad, María Isabel González. En el edificio, de cinco plantes, residen actualmente diez personas.
«Es una chica humilde, trabajadora y agradable; la vamos a ayudar en todo», dice la presidenta de la comunidad
Armero vivía cuatro meses antes de alquiler en Los Alcázares, pero las lluvias torrenciales de septiembre y diciembre la obligaron a buscarse otro hogar. Está separada y tiene dos hijos. Entonces, se puso en manos del despacho catalán, especializado en derecho bancario y ley de segunda oportunidad. «He esperado una disculpa del responsable y no ha salido. Por eso, mi abogado me ha dicho que la situación es denunciable y que tomará medidas», sostuvo. Desde el despacho, a preguntas de este diario, indicaron que «de no salir el autor en 24 horas se emprenderán acciones por incitación al odio e injurias».
