El Periódico.com.- Dos años después de que se aprobara la ley que obliga a su creación, la autoridad independiente para sancionar la discriminación en España sigue sin existir. Se trata de un ente capacidad de multar situaciones discriminatorias que no llegan a ser delito. «Es importante su creación para evitar lo que estamos viendo, que muchas denuncias terminan en nada«, apunta el director de la Oficina Nacional de Lucha Contra Delitos de Odio, Tomás Fernández, que en una entrevista en EL PERIÓDICO ha cifrado en la mitad los casos que se pierden al llegar al sistema judicial. Según este comandante de la Guardia Civil, este ente sancionador dependiente del Ministerio de Igualdad podría disipar la impunidad que sienten muchos agresores y aumentar la confianza de las víctimas. En España, y según esta oficina, al menos el 80% de los delitos de odio no se denuncian.
La ley 15/2022, aprobada el 12 de julio para la igualdad de trato y la no discriminación, establece en su capítulo tercero que el Ministerio de Igualdad debe crear una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación en España que vele contra la discriminación. La ley diferencia distintos tipos de infracciones sobre trato discriminatorio, y establece sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros.
La realidad, según explica Fernández, es que muchos de los hechos que se denuncian en España no son delito, a pesar de ser discriminatorios contra personas de colectivos vulnerables. «Muchas de las cuestiones que investigamos pueden ser más bien infracción administrativa, pero como no existe este ente sancionador, quedan en nada. Y esto no ayuda a las problemáticas para la confianza de las víctimas. Piensan ‘para qué voy a denunciar si no voy a conseguir nada'», explica Fernández.
En Catalunya no existe tal problema porque la Generalitat, a través de la ley contra la discriminación de 2020 aprobada en el Parlament, ya tiene su propio mecanismo sancionador de los actos discriminatorios. «A nivel nacional no se está aplicando la ley de 2022 de igualdad de trato y no discriminación porque todavía no está nombrada la autoridad sancionadora. A parte de Catalunya, no hay nada en el resto de España», corrobora Fernández.
En Madrid , por ejemplo, hay una ley a través de la cual la Administraciónn puede imponer sanciones ante una discriminación racista o al colectivo LGTBI pero no tiene en cuenta otros tipos de discriminación, como las que sufren las personas con discapacidad o quienes duermen en la calle.
El director de la Oficina Contra Delitos de Odio no es el único que pide con urgencia la creación de este ente sancionador. La Alianza por la Ley de Igualdad de Trato, integrada por 14 organizaciones y entidades sociales, lleva meses insistiendo en que se cree este órgano estatal. «Este requisito esencial debe cumplirse lo antes posible y contar con una dotación de recursos suficiente», reclaman.
