P. CERDÁ. LEVANTE – EMV.- El tribunal que juzga la denominada Operación Panzer contra 18 supuestos neonazis del colectivo ultra Frente Anti Sistema (FAS) consideró ayer, en la segunda sesión del juicio iniciado el lunes en Valencia, que son legales y válidos los registros domiciliarios realizados en 2005 a los procesados y en los que la Guardia Civil se incautó de una gran cantidad de armas de fuego y armas blancas. Entre las armas, destruidas en junio en una decisión criticada por la acusación popular, figuraban un lanzagranadas C-90 inutilizado, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras y de culata recortada, bolígrafos pistola, una carabina, una ballesta, munición de diverso calibre, machetes, navajas, catanas, hachas y puños americanos.
Con esta decisión anunciada nada más arrancar la sesión, el tribunal evita la nulidad del proceso que habían solicitado los acusados entre los que figura el asesino confeso del joven de Burjassot Guillem Agulló en 1993 y un concejal de España 2000 en Silla por no estar presentes sus abogados en el momento de los registros. Asimismo, la validación de los registros tumba la principal esperanza de los procesados por librarse de los delitos que se les imputa de tenencia de armas prohibidas y de posesión de armas de fuego sin licencia para su uso, con numero de serie borrado o introducidas ilegalmente en España. También se le acusa del delito de asociación ilícita para promover la discriminación, el odio o la violencia contra minorías.
Respecto a la decisión de validar las entradas y los registros, el presidente del tribunal reconoció que existía «base de fundamento jurisprudencial» para la petición de los acusados, pero añadió que sólo es imprescindible la asistencia de defensa letrada en los interrogatorios y en las ruedas de reconocimiento, no así en los registros domiciliarios.
Sin respuesta a fiscal y acusación
El juicio, iniciado con casi 70 minutos de retraso por la incomparecencia de un acusado que finalmente se presentó en la sala, se desarrolló con un esquema fácil de resumir: todos los acusados se acogieron a su derecho de no responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y del abogado de la acusación popular, ejercida por el Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià y Acció Cultural del País Valencià.
Las preguntas pivotaron acerca de la pertenencia o no de los acusados al Frente Antisistema, sobre su participación en actividades de dicho colectivo y del pago de cuotas a esa organización. También se les interrogó sobre sus palabras en las conversaciones telefónicas intervenidas. Por ejemplo, a Pedro Cuevas, asesino del joven antifascista Guillem Agulló que pasó cuatro años en prisión por aquel crimen, el fiscal le preguntó si en una de esas llamadas manifestó que iba «a pegar a guarros y cazar moros». A otro acusado, José Antonio A. O. se le inquirió si había dicho que iba «a cazar moros, punkarras y maricones».
El presidente del tribunal intentó en todo momento acortar las preguntas de la acusación popular, que se negó a entregarlas únicamente por escrito y exhibió su disconformidad con la actitud del juez. En las escasas intervenciones de los acusados siempre a preguntas de la defensa destacó la del quinto acusado, Joaquín S. P., quien manifestó con rotundidad: «Juro por mi mujer y por mi hijo que no he pertenecido a la organización Frente Anti Sistema». El acusado denunció el «acoso de la prensa» sufrido en estos nueve años, denunció haber sufrido «amenazas de muerte» y proclamó: «Nos están tratando como criminales». La acusación popular pedirá hoy elevar las penas para los acusados y que el juicio se alargue hasta el jueves.
