Afirma que “no existe constancia alguna” de que “se haya producido o se vaya a producir delito alguno”
EFE. LA VANGUARDIA.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido mantener el acto del Ospa Eguna (día del adiós) del sábado en Alsasua (Navarra) en contra del criterio de la Fiscalía, pero ha ordenado a autoridades y fuerzas de seguridad controlarlo ante la posibilidad de que se cometa algún delito. En un auto, el magistrado afirma que “no existe constancia alguna” de que “se haya producido o se vaya a producir delito alguno” en el Ospa Eguna y que, en todo caso, es la Consejería de Interior del Gobierno navarro la que debe decidir si la convocatoria, prevista en el marco de las fiestas del municipio, “se ajusta a la normativa para su celebración”.
En el mismo escrito, el juez ha librado sendos oficios al departamento del Interior del Gobierno navarro y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que controlen el acto por si se produjeran delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, competencia de la Audiencia Nacional, o de otro tipo.
En caso de que se produjeran, pide que se identifique a los autores de estos delitos y se pongan en conocimiento del juez Moreno, que ha aceptado la competencia en este asunto debido a la “urgencia” ante la inminencia del acto. Lo ha hecho a raíz de una denuncia presentada por la asociación Dignidad y Justicia, que pidió la prohibición de este acto al entender que persigue el acoso, burla y hostigamiento a la Guardia Civil pidiendo su expulsión del País Vasco y Navarra y la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor de este veto.
Sin embargo, el juez considera que corresponde a los poderes públicos y no al juez velar por que en el ejercicio del derecho de manifestación se cumplan los requisitos constitucionales, ya que son los competentes para mantener la seguridad ciudadana y prever que se cometan delitos. A la justicia penal solo le compete, añade, perseguir y castigar los delitos una vez se han cometido. “Actúa ‘ex post’, no ‘ex ante’, pues carece de competencias preventivas”, indica, y añade: “Es decir, no puede actuar el derecho penal con carácter preventivo”.
Ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía prohibirlo porque consideraba que su finalidad “no es otra que generar un ambiente de presión y hostilidad” sobre la Guardia Civil unido a un “clima de terror” entre sus efectivos en Navarra y el País Vasco. La Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL también había solicitado esta medida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Alsasua fue escenario en octubre de 2016 de una agresión a dos guardias civiles y sus parejas, hechos por los que se juzgó a ocho jóvenes, que fueron condenados por la Audiencia Nacional a entre dos y trece años de cárcel, una condena que el Tribunal Supremo revisará en una vista el próximo 18 de septiembre.
