La Audiencia Nacional ha condenado a la etarra Iratxe Sorzábal a 24 años y seis meses de prisión por la colocación de dos artefactos explosivos en Gijón en 1996. Sorzabal fue detenida en 2015 junto a David Pla, el último fichaje de Arnaldo Otegi para Sortu. Pla y Sorzabal eran la última cúpula reconocible de ETA. Las Fuerzas de Seguridad consideran que eran dos de los encapuchados que en 2012 leyeron el comunicado de cese de la violencia.
Pla se encuentra en libertad, pero Sorzabal está terminando de cumplir en Francia, donde fue detenida, una condena por pertenencia a la banda terrorista. La sentencia conocida hoy, si llega a ser firme, supone que cuando sea expulsada volverá a ingresar en una prisión española.
La Sección Primera le impone 17 años por un delito de estragos terroristas consumados por el atentado contra el nuevo Palacio de Justicia (que aún no estaba en funcionamiento), que causó numerosos daños materiales. Otros siete años y medio corresponden al mismo delito en grado de tentativa, en relación con la bomba colocada en una farmacia y que no causó daños.
La Sala le absuelve de pertenencia a organización terrorista al haber retirado la acusación por este delito tanto la Fiscalía la AVT, puesto que ya había sido condenada por ese delito en Francia.
La pieza clave contra Sorzabal ha sido su cantada, como se conoce al escrito que los detenidos de ETA hacen llegar a la banda para que conozca los atentados cometidos, en qué han consistido, que efectos han producido, que información se ha aportado a las Fuerzas de Seguridad y, en general, los datos relevantes que pudieran interesar a la organización para adoptar las medidas oportunas.
Se trata de «unas manifestaciones que realizó de forma espontánea, libre y voluntariamente» y que están manuscritas y que fue entregada a la Audiencia por las autoridades francesas.
En la cantada, dice el tribunal, «se describen personas integrantes del comando, acciones que llevó a cabo, etc. y cantidad de detalles y circunstancias relativas a acciones terroristas , que coinciden íntegramente con lo que declaró en la Guardia Civil». Incluso hace referencia a un atentado de 1993 en una sucursal de Mapfre que Sorzabal no incluyó en su declaración ante la Guardia Civil.
«La validez probatoria de este documento es que contiene un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de reconocer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón (farmacia y Palacio de Justicia). Y decimos que tiene pleno valor probatorio por cuanto que ese documento no es una mera transcripción o relato más o menos pormenorizado de lo que la procesada dijo en dependencias de la Guardia Civil cuando previamente fue detenida, sino que en dicho documento se amplían detalles de otras acciones, o bien se relata también acciones nuevas, encuentros de personas, etc… que son absolutamente novedosos y que, a juicio de los testigos que elaboran el informe, solamente los podía conocer la persona que lo relata por haberlos vivido en persona», concluye la sentencia.
