Están citados a declarar por vía telemática a partir del día 30, cuando se escuchará también a dos detenidos en la Operación Judas que fueron puestos en libertad
ISABEL VEGA. ABC.- La Audiencia Nacional ha reactivado la causa que se sigue contra una rama de los Comités en Defensa de la República (CDR), el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) cuyos integrantes fueron detenidos el pasado mes de septiembre en la operación Judas.
Según la providencia a la que tuvo acceso ABC, el juez Manuel García Castellón ha acordado a instancias de la Fiscalía citar como investigados por pertenencia a organización terrorista a Queralt Casoliva, Rafael Jaquín Delgado, Esther García y Sonia Pascual, cuatro personas vinculadas a esta suerte de célula que de acuerdo al sumario, manipulaba material compatible con la fabricación de explosivos y tenía entre sus planes tomar por la fuerza el Parlament de Cataluña para declarar la independencia.
En su caso, se les cita por su relación con estos hechos así como, en al menos uno de los casos, por «la participación y determinación mostrada» en las protestas violentas que se produjeron en Cataluña tras la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés y, en particular, los días 14 y 15 de octubre del año pasado en el Aeropuerto del Prat de Barcelona, en la Delegación del Gobierno en Cataluña y en el bloqueo de la frontera franco española los días 11 y 13 de noviembre orquestada por los CDR.
En total, nueve personas fueron detenidas cuando la Guardia Civil explotó la operación el 24 de septiembre, si bien dos de ellas quedaron sobre la marcha en libertad. Se trata de David Brudria y Clara Borrero, que no llegaron a pasar a disposición del juez y lo harán igualmente el próximo 30 de junio, como el resto de los citados, por vía telemática desde juzgados próximos a sus domicilios.
Los otros siete -Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón, Ferrán Jolís, Xavier Buiga, Alexis Codina, Jordi Ros y Germinal Tomás Abueso- están en libertad por decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, bajo fianzas que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros en función de la gravedad de los hechos que se les imputan.
