La fiscalía pide 71 años de cárcel para ‘Anboto’ por facilitar las granadas que la banda lanzó contra el cuartel de la Policía en julio de 1997
EUROPA PRESS. EL COMERCIO.- La exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto‘, se volverá a sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional mañana para responder por su participación en el atentado contra la comisaría de Buenavista de la Policía Nacional en julio de 1997. Según la Fiscalía, ‘Anboto’ entregó, en algún momento de aquel año, «material explosivo, detonadores, temporizadores, granadas, dos pistolas y un subfusil» a los etarras Kepa Arronategi y Eneko Gogesascoechea, integrantes del ‘comando Katu’ y ya condenados por estos hechos. Les hizo, además, «indicación expresa de que las granadas fueran usadas de forma inmediata en la campaña de atentados» de aquel verano.
Siguiendo las órdenes recibidas, los dos terroristas, que formaban el ‘comando Katu’, colocaron, ocultos en el parque de la plaza de toros, dos grupos de tubos lanzagranadas apuntando contra el cuartel policial «con la voluntad de causar la muerte de cuantos funcionarios policiales se encontrasen» en la comisaría de Buenavista. El ataque estaba programado para las ocho de la mañana, pero uno de los grupos de lanzadores no funcionó y el otro solo disparó dos bombas: una cayó en la calzada en la avenida de Galicia, la otra en un patio de manzana de Julían Clavería. Una mujer resultó herida por la onda expansiva.
A esto se añade el fiscal, que una tercera persona dejó una bomba trampa en una fiambrera con una alarma fijada para que explotara una hora más tarde con el objetivo de «causar la muerte a los funcionarios del equipo de desactivación de explosivos» que pudieran intervenir. Los Tedax desactivarían la bombra -un kilo de cloratita- con la ayuda de un robot horas más tarde.
‘Anboto’, fue extraditada este año por Francia, donde cumplió casi 20 años de cárcel. Tiene una docena de causas pendientes en España. El pasado mes de julio, ya fue sentenciada a 122 años de cárcel por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortizo mediante la colocación de una bomba en su coche el 22 de diciembre de 1995 en León. La Fiscalía de la Audiencia Nacional le pide otros 71 años de prisión al considerarla cooperadora necesaria del atentado. En concreto, solicita 16 años de cárcel por el delito de estragos; 45 años por tres delitos de asesinato en grado de tentativa y 10 años más por un delito de lesiones.
