EUROPA PRESS. – La Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente decidir sobre los recursos contra el nuevo archivo de la investigación sobre el homicidio del ultra del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy, durante una reyerta que se produjo el 30 de noviembre de 2014 entre hinchas del Riazor Blues y el Frente Atlético, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El pasado noviembre, la jueza acordó decretar un nuevo sobreseimiento sobre la causa penal ante la ausencia de autor conocido al no dar credibilidad al relato de un testigo protegido al considerar que incurre en numerosas contradicciones sobre lo sucedido en los aledaños del entonces estadio Vicente Calderón.
La acusación particular y La Liga de Fútbol Profesional recurrieron esta decisión. En concreto, La Liga cargó contra la jueza, a la que acusaba de cometer «errores de bulto» e incurrir en «razonamientos simplistas o inocentes».
Hace un año, la Audiencia de Madrid ordenó la reapertura de la causa para tomar declaración a una testigo clave, quien el 14 de junio de 2021 ratificó la identificación que realizó en sede policial del presunto autor de la muerte. Al parecer, esta persona había escuchado en diversas fiestas a una persona alardear del crimen y manifestar que había tirado «a Jimmy al río».
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Si embargo, la jueza volvió el pasado mes de noviembre a dictar un nuevo sobreseimiento tras agotar la instrucción y no dar credibilidad a la identificación del testigo.
Dentro de otra pieza separada, se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid señale el juicio contra un total de 82 personas, entre ellas ultras del Frente Atlético y del Riazor Blues, por su presenta participación en la riña tumultuaria que desembocó en la muerte del hincha del Deportivo.
El fiscal les imputa un delito de riña tumultuaria con la agravante de discriminación ideológica, por el que pide entre un año y nueve meses de prisión. También reclama que se les prohíba acceder a recintos deportivos durante la condena.
A cuatro de ellos les añade año y medio por tenencia ilícita de armas, mientras que a dos más les reclama año y 10 meses de cárcel por un delito de lesiones y atentado. Las penas oscilan entre los nueve meses de prisión a los dos años y medio de cárcel.
