La asociación Chrysallis Castilla y León considera que el objetivo final de Abogados Cristianos no se limita a ese Protocolo, sino impedir la diversidad afectivo-sexual. Abogados Cristianos llevó a la Consejería de Educación ante la Justicia al considerar que con este protocolo se estaban vulnerando derechos fundamentales
EUROPA PRESS. ELDIARIO.ES.- Chrysallis Castilla y León se ha personado, en calidad de codemandada, en el procedimiento que Abogados Cristianos inició en junio de 2019 contra la Consejería de Educación por considerar ilegal el ‘Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa’.
Frente a dicho protocolo, que la Consejería tuvo en práctica de forma experimental hasta enero de 2019, Abogados Cristianos acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL para pedir su retirada, si bien ahora es la asociación Chrysallis Castilla y León la que ha decidido personarse en contra del colectivo de juristas cristianos para figurar en el procedimiento como codemandada, junto con el departamento de Rocío Lucas, a fin de defender la idoneidad de la referida directriz.
Chrysallis, asociación que agrupa a familias de menores transexuales y cuya representación legal ejerce el letrado Julio Calzada Esteban, considera que el objetivo final de Abogados Cristianos no se limita a ese Protocolo, sino que pretende impedir toda forma de respeto a la diversidad afectivo-sexual en los centros educativos de la Comunidad.
El colectivo denuncia el hecho de que a Abogados Cristianos no le importe que ello sea «a costa de los derechos fundamentales del alumnado transexual, y de exponer a la infancia y adolescencia ‘trans’ a un entorno escolar en el que no exista la información que se necesita para prevenir actos de acoso escolar y transfobia, entendida ésta como rechazo, miedo, desprecio, repudio, prejuicio o discriminación hacia las personas ‘trans'».
Por todo ello, en cumplimiento de los fines previstos en sus estatutos, Chrysallis Castilla y León ya es parte en ese procedimiento, «con el objetivo de defender los intereses del alumnado ‘trans’ de la Comunidad, luchando por su inclusión escolar, que es la llave para su posterior inclusión laboral y social».
Abogados Cristianos llevó a la Consejería, de la que en ese momento era titular Fernando Rey, ante la Justicia al considerar que con este protocolo se estaban vulnerando derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el derecho a la libertad de educación de los padres o la libertad ideológica, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, celebró entonces la admisión de la demanda por el TSJCyL y confió en que «condenen» a la Consejería de Educación por «intentar adoctrinar a nuestros hijos».
Abogados Cristianos denunció que la Junta llevaba meses aplicando este protocolo en varios colegios de la Comunidad «de forma irregular, sin avisar al alumnado ni a los padres y sin publicarlo en los boletines oficiales», explican.
Castellanos aseguraba que este protocolo contempla medidas «tan peligrosas» como limitar la patria potestad de los padres si no están de acuerdo con el proceder de la Administración y criticó también que la iniciativa de la Junta incluía formación temprana en sexualidad impartida por «activistas con marcado tinte ideológico en detrimento de profesionales acreditados».
Pese a que la Junta alega que desde enero de 2019 ya no se aplica este protocolo, Abogados Cristianos ha pedido aclaración sobre el número de centros donde llegó a ponerse en práctica, así como del número total de alumnos que han sido tratados con él.
El colectivo demandante, entre otras solicitudes, también pide las fechas de esas intervenciones sobre el alumnado, a fin de saber el tiempo de duración de vigencia del protocolo; los resultados de esas intervenciones; si el protocolo ha sido sustituido por otro, y de ser así, cuál es ese otro protocolo, y si se ha solicitado autorización a todos los padres o tutores legales de los alumnos de los centros en los que se ha aplicado.
Sin embargo, Chrysallis sostiene que parte de estas peticiones, como las fechas o los resultados, podrían atentar contra la intimidad de este colectivo especialmente vulnerable, por lo que el colectivo se opondrá taxativamente a que se facilite cualquier dato que pudiera identificar, aún remotamente, a los menores atendidos.
También se ha personado la Federación de Enseñanza de CCOO, cuyos servicios jurídicos se conforman con que se declare la inadmisión del recurso de Abogados Cristianos por perdida sobrevenida del objeto…. al haber dejado de aplicarse el protocolo.
