Mohamed Alami, presidente de la asociación, asegura que “solo se han repatriado a los españoles de pura sangre”. Ya han presentado una denuncia contra el Ministerio por «racismo institucional»
PAOLA PÉREZ CUENDA. EL FARO DE CEUTA.- La Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí ITRAN ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por “racismo institucional” en su política de repatriación ya que consideran que no ha facilitado el retorno de los “casi 9.000” españoles de origen marroquí y marroquíes residentes en España que están atrapados en Marruecos.
“Esta asociación recibió cientos de quejas de estos ciudadanos porque no podían volver a España cuando habían solicitado a los consulados vía mail que se les permitiera reunirse con sus familias y volver a sus hogares sin tener una respuesta clara de los consulados donde les respondía en su mayoría con un mail automático. Los teléfonos de emergencia consular decían que solo atendían a españoles y solo podían apuntar para el vuelo del día 3 de abril a los españoles de puro origen”, puede leerse en la denuncia.
El presidente de la asociación, Mohamed Alami, ha criticado que las “casi 9.000 personas que están atrapadas en Marruecos están sufriendo el racismo institucional que está practicando la señora ministra de Exteriores”, Arancha González Laya, por eso piden que se investigue la “mala” gestión “de la ministra, del embajador, del segundo embajador y de los cónsules”.
Además, la asociación lanzó la semana pasada una campaña a través de las redes sociales bajo el lema “¡No nos vamos a callar! Estamos solo a 14 kilómetros de casa” para denunciar el “racismo institucional” que, según ellos, está llevando a cabo el Ministerio de Exteriores en la selección de las personas que han vuelto en los dos vuelos que se han fletado.
En los dos vuelos que el Ministerio de Exteriores ha fletado desde que Marruecos decidiera cerrar las fronteras terrestres y aéreas el pasado 13 de marzo y anunciara el confinamiento obligatorio hasta el 20 de mayo por el coronavirus “solo han repatriado a los españoles de pura sangre” y “han llamado a personas que no requieren ningún tipo de urgencia”, ha denunciado Mohamed Alami.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mantenido desde el cierre de las fronteras hace ya dos meses que eran las autoridades marroquíes las que no permitían a sus nacionales salir del país y dado que no reconocen la doble nacionalidad tampoco podían salir los nacionalizados españoles.
“En un primer momento decían que el Estado marroquí no permitía la salida de los españoles de origen marroquí y residentes en España, pero el Gobierno de Rabat afirmó que nada impedía la salida de los marroquíes a sus países de residencia siempre y cuando el país de residencia los reclame y nos puso de ejemplo a todos los residentes y nacionales de origen marroquí que partían para su residencia en Francia, Bélgica, Estados Unidos o Suiza”, continúa la denuncia.
Desde entonces “tan solo ha organizado dos vuelos”: uno el día 3 de abril para 189 personas y al que no se permitió acceder a marroquíes, y otro el pasado día 7 de mayo con 180 plazas y al que pudieron acceder unos 50 marroquíes “en situación vulnerable o por motivos de salud”.
Para Mohamed Alami, el permitir embarcar “solo a españoles de puro origen es una “total” vulneración de la Constitución y de los derechos de estas personas como españoles, tras lo que ha explicado que “tienen cientos de emails y grabaciones de audio como prueba” para que la Fiscalía investigue “la discriminación y el mal trato” que habrían recibido estas personas.
“Catorce kilómetros nos separan y nos ponen un avión. ¿Para qué queremos un avión? Queremos un barco que cabe muchísima más gente. No entendemos esto”, ha explicado Alami, por lo que “si es necesario” pedirán incluso la dimisión de la ministra.
“Entendemos que existen indicios suficientes como para que la Fiscalía pueda abrir una investigación al respecto y este es el motivo de nuestro escrito”, finaliza la denuncia de la asociación, que también presentó una queja ante el Defensor del Pueblo el pasado 2 de abril.
