EFE. LA VANGUARDIA.- El pleno de la Asamblea de Madrid ha mostrado este jueves su compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común de la seguridad para proteger mejor a las comunidades y las instituciones judías en Europa.
Los diputados regionales han aprobado por asentimiento una declaración institucional con la que condenan «cualquier muestra de discriminación, incitación al odio o violencia y demás formas de racismo y xenofobia contra los judíos».
Esta iniciativa ha surgido después de que 59 municipios de España, entre ellos el de Rivas-Vaciamadrid, hayan denominado a sus pueblos y ciudades Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) a través de mociones acordadas en los plenos municipales no contratarían ninguna empresa, producto, entidad u organización que fuera israelí o tuvieran re
«España y Madrid, al igual que otros países europeos y occidentales, estamos comprometidos con los valores de la defensa de la democracia y la libertad, así como con la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, y específicamente con la lucha contra el antisemitismo», reza el texto.
Los parlamentarios subrayan que el antisemitismo y la exaltación del odio «vulnera los derechos fundamentales de la persona» como el derecho a la igualdad, recogido en la Constitución Española y que supone un grave incumplimiento de la declaración del Consejo de la Unión Europea.
Y recuerdan que, recientemente, en 23 de enero de 2020, la Asamblea recordó, un año más, el aniversario de la liberación de Auschwitz, junto al presidente de la Comunidad Judía de Madrid, León Benelbas, y del ministro consejero de la Embajada de Israel, Assaf Morán.
«En definitiva, la Comunidad de Madrid a través de sus representantes políticos está comprometida con la lucha contra el antisemitismo, que no tiene cabida en una Comunidad abierta y plural como la madrileña», remarcan.
Además, la Asamblea ha aprobado otra declaración institucional con motivo de la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial, para mostrar su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y en el ámbito privado.
Los parlamentarios se han comprometido a adoptar las medidas necesarias y los recursos para profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres en el ámbito de su independencia económica y, por tanto, «de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna».
