Pedro Sánchez no debe permanecer impasible ante los desafíos de Quim Torra
EL MUNDO.– La detención de nueve personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de preparar acciones violentas, incluyendo el uso de explosivos contra edificios del Estado, constata la deriva violenta del independentismo. En los registros, la Guardia Civil encontró material para la fabricación de Goma 2 y el plano de al menos un cuartel de la Guardia Civil en Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró que se imputa «la posible comisión de un delito de carácter violento a unas determinadas organizaciones». Todo ello acredita que la violencia de los CDR conduce a una amenaza terrorista de extraordinaria gravedad que exige una respuesta firme del Estado. Una respuesta que, como la propia aplicación del 155, Pedro Sánchez no sienta la tentación de subordinar también a la estrategia electoralista.
La Fiscalía señaló que está recabando pruebas sobre el avanzado grado de preparación de los «proyectos terroristas con fines secesionistas» de los detenidos. Acusados también de rebelión, si se demuestra la fabricación de bombas y la búsqueda de objetivos podrían enfrentarse a una acusación por terrorismo. A nadie se le oculta ya que el cúmulo de cesiones de los dos grandes partidos al nacionalismo catalán, lejos de conformarle, ha terminado alentando un estado de perpetua insurrección, más o menos agresiva. Pero ahora tenemos grupos separatistas dispuestos a atentar. Es la consecuencia de décadas de incitación al odio y de manipulación difundida por altavoces públicos y privados al servicio de la causa soberanista. Lo más vergonzoso es que acciones que ponen en riesgo el orden público sean excusadas por parte de buena parte de la clase política catalana.
Quim Torra, el mismo que exhortó a los CDR a «apretar» y que se jactó de la militancia de su familia en esos grupos radicales, tachó de «represión» la operación dirigida por la Audiencia Nacional. Y ello pese a que la Generalitat se personó como acusación contra dos de los detenidos por pertenecer al grupo independentista Los 9 de Lledoners. Ambos están imputados por la protesta contra el traslado de los presos del procés a Madrid. Al margen del cinismo de Torra, Sánchez no puede permanecer impasible ante el hecho de que el representante ordinario del Estado en Cataluña descalifique una acción propia de toda democracia. La operación llega en vísperas de la sentencia del 1-O, cuyos efectos son imprevisibles. A la unilateralidad política se suma la amenaza de una cantera volcada en la violencia. El procés nunca fue un proceso pacífico ni una revolución de las sonrisas, sino un movimiento orientado a vulnerar la ley y suspender el Estado de derecho en Cataluña. Por más que esté en funciones, el Gobierno no puede especular con la seguridad.
