Varios países con problemas de hacinamiento e insalubridad en sus cárceles han liberado a miles de reos, pero utilizan el virus como una nueva arma de represión contra los disidentes
ROSA MENESES. EL MUNDO.- El coronavirus es un nuevo instrumento de tortura para decenas de presos de conciencia y sus familias en el mundo. En países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Eritrea, Burundi, Turquía, Argelia, Marruecos, Birmania, China, Irán, Arabia Saudí, Egipto, Siria o Yemen, la enfermedad está siendo utilizada como un arma de represión y amenaza. Así lo denuncian activistas y ONG de defensa de los Derechos Humanos, que instan a los gobiernos a tomar medidas para frenar los contagios en los centros de detención con problemas de hacinamiento e insalubridad y llaman la atención sobre la terrible situación que sufren en particular las personas encarceladas injustamente por reivindicar sus derechos.
«Detectamos una tendencia global a utilizar la pandemia como una herramienta más de represión, para silenciar a la oposición. Allá donde hay personas encarceladas por sus ideas, se usa la Covid-19 para dar la imagen de que no se va a torcer el brazo del régimen, algo que se repite en los países más autoritarios. Es jugar con el miedo», analiza para este diario Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional (AI). Esta ONG pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, que corren en estos momentos un peligro añadido en medio de la pandemia. AI tiene identificadas en todo el mundo a 150 personas encarceladas por ejercer su libertad de expresión, reunión o manifestación de una forma no violenta, aunque admite que «es probable que haya miles más».
Algunos países con problemas de hacinamiento e insalubridad en sus centros penitenciarios han indultado, puesto en arresto domiciliario o liberado temporalmente a miles de reos para evitar que la Covid-19 se propague a través de los barrotes de las celdas. Sin embargo, los detenidos a causa de sus convicciones, su profesión o su identidad no han corrido esa suerte. Es el caso de Bahrein, Irán, Argelia o Marruecos. Egipto, por el contrario, se ha negado a evacuar sus penitenciarías, donde se hacinan 100.000 detenidos, según las ONG. El 21 de marzo liberó a 15 opositores tras varios meses en prisión, aunque no explicó si se debía al coronavirus. Paralelamente, ha detenido a varios activistas por reclamar la liberación de los opositores para protegerles de la pandemia.
MARRUECOS: RIF Y SÁHARA OCCIDENTAL
En Marruecos, el rey Mohamed VI indultó a 5.654 presos el 5 de abril, poco después de que el Gobierno decretara el inicio de las medidas de confinamiento. Pero en la lista del perdón real no figuraba ninguna persona condenada por protestar o expresar sus ideas de forma pacífica como activistas por los Derechos Humanos en el Rif y el Sáhara Occidental, periodistas, blogueros o artistas.
Las prisiones marroquíes arrastran graves problemas de masificación, una situación reconocida por el propio ministro de Derechos Humanos y relaciones con el Parlamento, Mustafa Ramid, quien en noviembre pasado expuso en el hemiciclo que el hacinamiento en las cárceles era del 138%. Además, muchos de los presos se encuentran en realidad a la espera de juicio (en 2018 suponían un 40%, según el último dato disponible del Ministerio de Justicia).
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), cifra el número de personas encarceladas por expresar sus opiniones en 110, según un balance de marzo. Entre ellas están los cabecillas del movimiento de protestas que sacudió el Rif en 2017, condenados a largas penas de cárcel en lo que Amnistía Internacional calificó de «grave error judicial», ya que las condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura. En los últimos seis meses, denuncia esta ONG, la intolerancia de las autoridades frente a quienes expresan en voz alta sus opiniones discordantes ha aumentado: al menos 10 personas -entre ellas un periodista y un rapero- han sido detenidas y condenadas a prisión entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
Desde principios de abril, una campaña impulsada por activistas saharauis -y a la que se han unido en España políticos, abogados y artistas- denuncia la grave situación en la que se halla el medio centenar de disidentes políticos saharauis encarcelados en Marruecos y exige su liberación. «Se encuentran en condiciones infrahumanas, hacinados, con una salud muy delicada debido a patologías contraídas como consecuencia de las torturas sufridas o por haber emprendido huelgas de hambre. Debido a la pandemia, corren un grave peligro de contagio porque en los centros penitenciarios marroquíes no hay apenas higiene», explica a EL MUNDO.es Ahmed Ettanji, miembro del grupo de prensa saharaui Équipe Média, uno de los impulsores de la campaña.
Entre los casos que más preocupan está el de Abdallahi Lekhfaouni, de 46 años, condenado a cadena perpetua y encarcelado en Kenitra desde 2010. En los albores del coronavirus inició junto con Bachir Khada (preso en Tifelt 2) una huelga de hambre para llamar la atención sobre la precaria salud de los presos saharauis. «A día de hoy, no tenemos ninguna información sobre ellos», añade Ettanji. Difícil es también la situación de los 19 condenados por participar en el campamento de protesta de Gdeim Izik (octubre de 2010), cerca de El Aaiún. «Su situación es muy crítica, ya que la mayoría padece enfermedades cardíacas y hepáticas a causa de las torturas a las que les han sometido y por las sucesivas huelgas de hambre que han emprendido en protesta por sus condiciones», detalla.
SIRIA, IRAK Y YEMEN
Consciente de que la atención médica es nula y la higiene brilla por su ausencia en las prisiones más infames del mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se ha movilizado para recordar el derecho a asistencia sanitaria de los prisioneros de guerra y de los detenidos civiles. «Los problemas y carencias de los sistemas de detención que nos preocupaban antes de la Covid-19 no han desaparecido. Lamentablemente, esas debilidades pueden aumentar los riesgos de salud de los detenidos y del personal si la enfermedad ingresa en los lugares de detención», afirma Vincent Ballon, responsable de la unidad de Detención del CICR, en un comunicado. El CICR ha distribuido kits higiénicos y material de protección y desinfectante en 10 centros penitenciarios del Gobierno de Siria, así como en cárceles y centros de salud de Irak y Yemen.
En Turquía, el presidente, Recep Tayip Erdogan, ha propuesto al Parlamento un proyecto de ley para liberar a 90.000 de los 300.000 reos en las cárceles del país para protegerles de la Covid-19. Pero esa propuesta excluía a los condenados por cargos de «terrorismo», que en el país acota una amplia definición que incluye acciones como opinar en las redes sociales o informar en un medio de comunicación y que dejaría entre rejas a periodistas, blogueros, profesores, activistas o políticos. El proyecto de ley está pendiente de aprobación.
«Esto conduce a una gran injusticia: mientras el decreto permitirá la liberación de un condenado por corrupción, dejará en prisión a un estudiante universitario que ha llamado a Erdogan «ladrón», en un escenario en que tildar a alguien de «ladrón» es castigado más severamente que cometer un robo», se indignaba en una columna en ‘The Washington Post’ Can Dündar, ex director del diario turco ‘Cumhuriyet’ que fue condenado a seis años de cárcel en 2016 por publicar secretos de Estado y que vive actualmente en el exilio en Alemania.
ARGELIA, ARABIA SAUDÍ Y CHINA
En Argelia, las autoridades se han servido de la pandemia para acallar la disidencia. El cerrojazo para frenar el coronavirus ha dado oxígeno a un régimen contra las cuerdas por un año de protestas ciudadanas pacíficas ininterrumpidas. A pesar del confinamiento, los tribunales siguen dictando condenas contra los militantes de los derechos civiles y periodistas. La última sentencia, el 6 de abril, ha impuesto un año de prisión al militante opositor Abdelwahab Fersaui. El presidente, Abdelmayid Tebune, ordenó el 1 de abril la excarcelación de 5.037 presos comunes por temor al coronavirus (el país mediterráneo es el más afectado del continente africano en número de muertos), pero excluyó a 44 opositores y tres periodistas.
Los periodistas son los protagonistas de la campaña que la sección española de Reporteros Sin Fronteras ha puesto en marcha con motivo, mañana, del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bajo el hashtag #periodismoconfinado pide la liberación inmediata de los informadores y blogueros que cumplen condena por el simple hecho ejercer su profesión y de difundir información. Entre los casos que tiene bajo su radar destaca el de dos periodistas chinos desaparecidos desde febrero tras informar sobre la evolución de la pandemia en Wuhan y criticar la gestión del Gobierno: Chen Qiushi y Fang Bin. La ONG subraya precisamente el riesgo añadido que supone el coronavirus en estos momentos para los informadores presos.
La familia del bloguero Raif Badawi, que lleva más de siete años encarcelado en Arabia Saudí por «insultar al islam», no ha podido hablar con él desde finales de febrero. El 11 de marzo, su esposa pudo saber que se encuentra en un hospital, pero sin lograr información sobre su situación. A finales de marzo, las autoridades del reino liberaron a cientos de reclusos, pero «los presos de conciencia siguen en la cárcel, entre ellos unos 30 periodistas y blogueros; algunos están muy enfermos y necesitan atención médica», denuncia RSF. Es el caso de Badawi, que fue condenado en 2014 a diez años de prisión, 1.000 latigazos (llegó a recibir la primera tanda de 50 azotes, pero se aplazaron las siguientes por su estado de salud) y a pagar una multa de 200.000 euros.
CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA
«A los presos de conciencia no se les libera por la misma razón por la que fueron encarcelados: porque luchan por ejercer sus derechos y son incómodos para las autoridades. Muchos han sido condenados en falsos juicios y sometidos a sentencias injustas. Mantenerles en prisión es un castigo por su activismo y un aviso al resto de la población», declara a ELMUNDO.es Juan Ignacio Montanos, que trabaja para Amnistía Internacional siguiendo de cerca los encarcelamientos de defensores de los Derechos Humanos.
En Cuba, donde el jueves se excarceló a más de 6.500 reclusos (sin saberse por ahora si entre ellos hay opositores), Montanos sigue especialmente la situación de Roberto Quiñones, abogado, periodista y poeta de 63 años, detenido el desde el 11 de septiembre de 2019 por «desobediencia» y sentenciado a un año de cárcel. También se muestra preocupado por Rubén González, sindicalista detenido arbitrariamente el 29 de noviembre de 2018 en Venezuela, tras protestar pacíficamente y promover los derechos laborales de los mineros: «Tiene 61 años y mala salud, con hipertensión y fallo renal». En Cuba no se ha decretado una cuarentena general obligatoria mientras que en Venezuela falta transparencia sobre el verdadero impacto de la Covid-19.
Cuando han cumplido, este 18 de abril, dos años del inicio de las protestas en Nicaragua contra el recorte de las pensiones, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) exige la liberación de los defensores de los derechos humanos de este país y recuerda entre otros a la líder estudiantil Amaya Coppens, detenida desde noviembre de 2019. El régimen de Daniel Ortega apenas ha tomado medidas contra la pandemia.
ERITREA E IRÁN
En Eritrea -donde existen presos de conciencia que llevan décadas en una mazmorra, como el periodista y dramaturgo Dawit Isaak, encarcelado desde 2001-, Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para que los presos políticos sean liberados, así como los condenados de bajo riesgo y los presos enfermos y que se reduzcan los riesgos de la Covid-19 en sus hacinadas cárceles.
La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Eritrea, Daniela Kravetz, llamó la atención a principios de abril sobre el caso de Ciham Ali Abdu, de 23 años, hija un ex ministro de Información que lleva más de siete años encarcelada sin juicio. «Lleva en una celda de aislamiento, sin cargos, desde que tenía 15 años», señaló. El coronavirus sólo agiganta el temor sobre la situación de los reos en este país. «Durante años, muchos han muerto en las prisiones eritreas debido a la malnutrición, la falta de sanidad básica y los abusos. Los servicios médicos esenciales no están disponibles para los detenidos», avisa Kravetz.
Uno de los casos más emblemáticos, destaca Montanos, es el de la abogada defensora de los Derechos Humanos iraní Nasrin Sotoudeh, condenada a 38 años y seis meses de cárcel, además de a recibir 148 latigazos, tras ser detenida en 2018. «Irán, uno de los países más afectados en el mundo por el coronavirus, ha liberado a 80.000 presos, pero no ha incluido a ningún defensor de los Derechos Humanos», explica el experto. Para AI, «los cargos que se le imputan están relacionados por su oposición a las leyes sobre el uso forzoso del velo».
«Los presos de conciencia han sido detenidos de forma arbitraria, por sus convicciones, su identidad o por ejercer sus derechos. Siempre pedimos por ello que se les libere y ahora, en medio de esta pandemia, todavía más. No han cometido ningún delito. No han hecho nada malo», concluye Montanos.
