EFE.- La acusación popular en el juicio que se sigue en Valencia contra 18 miembros del grupo neonazi Frente Antisistema pedirá en sus conclusiones definitivas la elevación de las penas para los imputados al considerar que con las declaraciones de la Guardia Civil «se confirman y ahondan todos los indicios delictivos de forma sobrada».
Así lo asegura en un comunicado Acció popular contra la Impunitat, personada como acusación popular y formada por entidades como Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida, Esquerra Republicana y Acció Cultural del País Valencià.
Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia la segunda jornada del juicio a 18 miembros del grupo neonazi Frente Antisistema, para quienes se piden penas de 42 años de prisión por asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego.
Durante la misma, uno de los guardias civiles que fueron responsables de la investigación de la denominada Operación Panzer contra este colectivo ha declarado que las incautaciones (de armas y parafernalia) se decidieron por temor a posibles agresiones.
El juicio se ha celebrado con la presencia de quince de los dieciocho procesados, entre los que se encuentra un concejal de España 2000 de Silla (Valencia), dos militares y el asesino confeso de Guillem Agulló, mientras que dos se encuentran en rebeldía y uno esta ingresado en un centro psiquiátrico.
La acusación popular ha señalado que mañana pedirá que se amplíen las sesiones del juicio oral hasta el próximo jueves, porque la «premura y la velocidad del mismo es causa de limitación de su ejercicio. No es posible, sin tiempo suficiente tras las testificales, preparar las conclusiones».
Según indica, un sumario de 42 tomos, la complejidad del procedimiento con 18 encausados y 15 abogados de la defensa, «son razón suficiente para disponer del tiempo necesario sin generar indefensión a la acusación popular».
Además, solicitará la localización de dos de los acusados, que están actualmente en rebeldía y busca y captura, y que se adopten los mecanismos para que se pongan a disposición judicial en el procedimiento que se sigue por estos hechos.
Por último, las fuentes han valorado que el tribunal haya desestimado la impugnación realizada por las defensas de las órdenes judiciales de entrada y registro de los domicilios de los imputados, y entiende consolidada la prueba que indica la comisión de delitos por los acusados.
