EFE.- La Justicia rusa ordenó este jueves la disolución del Centro Sová, ONG que investiga y combate el nacionalismo, el racismo y la xenofobia en la Rusia postsoviética desde su fundación en 2002.
El Tribunal Urbano de Moscú satisfizo así la petición del Ministerio de Justicia contra la organización que ya había sido incluida en 2016 en la lista de agentes extranjeros por recibir financiación exterior.
Sová no acepta el fallo y sus abogados adelantaron que lo recurrirán ante las instancias pertinentes, según informa la agencia Interfax.
«Mientras el fallo sobre nuestra liquidación no entre en vigor, Sová continuará trabajando», señaló la organización en un comunicado.
Como ocurrió en enero con la organización de derechos humanos más antigua de Rusia, el Grupo Helsinki, el argumento del Ministerio de Justicia fue que Sová cumple su labor no solo en Moscú, único lugar donde está registrado, sino en otras parte del país.
El Ministerio de Justicia estimó en 24 las actividades celebradas en los últimos tres años con participación de Sová fuera de la capital rusa.
Su fundador, Alexandr Verjovski, fue miembro del consejo de derechos humanos adscrito al Kremlin, de donde en los últimos años han sido excluidos los principales activistas de este país.
Durante muchos años Sová llevó la cuenta de los casos de violencia en Rusia motivos por raza, etnia, ideología, credo u orientación sexual, que en algunos años, como en 2007, se tradujeron en casi un centenar de asesinatos confirmados.
«La mayoría de los rusos son xenófobos. Aunque quisiera, el Kremlin no podría hacer nada. Tendría que reeducar a todo un pueblo», aseguró Verjovski a EFE en 2010.
El caso más flagrante ocurrió en 2010 cuando estallaron violentos choques interétnicos entre miles de rusos e inmigrantes de antiguas repúblicas soviéticas a escasos metros de la plaza Roja.
Además, Sová también se dedica a estudiar la aplicación de la legislación contra el extremismo, los casos de antisemitismo y el papel de la religión en la sociedad rusa.
El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoce la existencia de ultranacionalistas en este país, aunque insiste en que, a diferencia de Ucrania, esos radicales no están en el poder.
La oposición rusa ha acusado al Kremlin de lanzar en los últimos años una brutal campaña de represión contra la sociedad civil que incluye la liquidación de sus principales organizaciones, desde Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz, al Centro Sájarov y el Grupo Helsinki de Moscú.
