EFE. LA VANGUARDIA.- Un juez federal de Estados Unidos consideró hoy que existen «nuevas pruebas» que apuntan a que la polémica pregunta sobre la ciudadanía incluida en el censo de 2020 puede tener un propósito «discriminatorio».
«A medida que se colocan más piezas del rompecabezas, toma forma una imagen perturbadora de los motivos detrás de los que adoptaron la decisión», apuntó el juez George Hazel en un escrito presentado hoy en la corte federal del Distrito de Maryland (EE.UU.).
Hazel argumentó en ese documento, al que accedieron medios locales, que nuevas pruebas «potencialmente conectan los puntos entre un propósito discriminatorio» y la decisión del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de agregar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo estadounidense.
En marzo de 2018, Ross propuso que el cuestionario del censo incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes en EE.UU., una medida que organizaciones civiles han tachado de «racista y discriminatoria».
El Ejecutivo del presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que este interrogante es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición apunta que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante.
La polémica ha vivido un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
La respuesta de la Administración fue desmarcarse de dicho informe -que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.
Por otro lado, el diario The Washington Post reveló que hay una serie de documentos, también encontrados por Hofeller Lizon, que establecen que el asesor político informó de sus conclusiones a Christa Jones, la actual jefa de personal de la oficina del director del Buró del Censo de EE.UU., Steven Dillingham.
«El contacto directo de la Sra. Jones con Hofeller sobre la pregunta de la ciudadanía refuta las alegaciones de la defensa de que no se puede demostrar una conexión entre Hofeller y el secretario Ross», señala un documento de los demandantes obtenido por el diario.
Al pronunciarse el pasado miércoles, el juez Hazel señaló que la moción de los demandantes a la pregunta «plantea un problema sustancial», lo que puede abrir la posibilidad para que estos acudan a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito para solicitar que el caso sea devuelto a este juez federal.
Tres magistrados federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, han bloqueado la iniciativa por considerarla ilegal. Ahora, el caso ha llegado a manos de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse próximamente.
