Satoshi Uematsu, de 30 años, confesó haber acuchillado a 19 personas con discapacidad mientras dormían en julio de 2016
JAIME SANTIRSO. EL PAÍS.- El autor confeso de una de las mayores matanzas en la historia moderna de Japón ha sido condenado a muerte este lunes. En 2016, Satoshi Uematsu asaltó un centro de asistencia de discapacitados, asesinando mientras dormían a 19 residentes e hiriendo a otras 26 personas con varios cuchillos. Durante todo el proceso, Uematsu ha reconocido su responsabilidad, pero se ha defendido proclamando que la gente con discapacidad mental “no tienen derechos humanos” y que su intención era “erradicarles”. Uematsu, que había anunciado que no recurriría el veredicto, será ahorcado, el método habitual con el que la pena de muerte se aplica en Japón.
Kiyoshi Aonuma, juez de la corte del distrito de Yokohama, ha justificado el fallo en base al nivel de violencia del crimen. “Lo sucedido fue premeditado y hay pruebas suficientes que atestiguan que existía un enorme deseo de matar”. “La maldad fue extrema”, ha sentenciado el magistrado. Se cumple así la petición de la fiscalía, que había solicitado la pena de muerte dado el gran número de víctimas y la reiteración de los comentarios discriminatorios vertidos por el acusado contra los discapacitados a lo largo del proceso judicial.
La defensa se había excusado en el estado mental de Uematsu, argumentando que había sufrido un desorden psicótico en el momento del ataque. “Abusaba de la marihuana y padecía enfermedades mentales (…). Estaba en una condición en la que la responsabilidad de sus actos no existía o estaba muy mermada”, declaró su abogado, añadiendo que la personalidad de su representado había cambiado drásticamente desde que empezó a consumir cannabis en 2015, un año antes del horrible suceso. En los análisis de sangre realizados con posterioridad, se encontraron en la sangre de Uematsu altos niveles de THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis.
Satoshi Uematsu era un exempleado de la residencia Tsukui Yamayuri, situada en Sahamihara, núcleo urbano de unos 700.000 habitantes al suroeste de Tokio, la capital del país. En la noche del 26 de julio de 2016, se introdujo en el centro mientras los residentes y empleados dormían. Armado con varios cuchillos, asesinó a 10 hombres y nueve mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 70 años, e hirió a otros 24 internos y dos trabajadores sanitarios. Acto seguido, condujo su automóvil hasta la comisaría más cercana, donde se entregó tras confesar los múltiples crímenes. “Es mejor que la gente con discapacidad desaparezca”, declaró entonces en comisaría. Los agentes encontraron en el interior de su coche una mochila llena de cuchillos y otras armas blancas. Los asientos del vehículo, además, estaban cubiertos de sangre.
Uetmasu había llegado a enviar una carta al presidente de la Shugjin, la Cámara de Representantes de Japón, urgiendo al Gobierno a introducir la eutanasia para gente con discapacidad. También escribió una misiva en la que anunciaba sus planes de llevar a cabo el asalto, los cuales también compartió con algunos compañeros de trabajo antes de ser despedido, señalando que “los discapacitados solo crean infelicidad”. Por todo ello fue arrestado por la policía y retenido en un centro psiquiátrico, del que fue liberado apenas 12 días después, cuando los médicos establecieron que consideraban a Uematsu inofensivo y que no representaba un peligro para la integridad de otras personas. El conocimiento de este precedente causó una profunda conmoción social e hizo pensar a la opinión pública que la desgracia de Tsukui Yamayuri podría haberse evitado.
Uetmatsu, descrito por sus vecinos como una persona educada, no ha mostrado en ningún momento remordimientos por lo sucedido. Durante su reclusión llegó a expresar su admiración por Adolf Hitler y su propósito de “mejorar la raza”. “Tenía que hacer lo que hice por el bien de la sociedad”, añadió en declaraciones al diario Mainichi Shimbun.
En la sala han estado presentes este lunes muchos familiares de las víctimas de aquella matanza. “Te odio tanto, quiero romperte en pedazos. Incluso la mayor de las penas es poco para ti, nunca te perdonaré”, dijo la madre de Miho, una joven de 19 años que murió en el ataque, según recoge la cadena pública NHK. “Devuélveme a mi hermosa hija. Tu todavía estás vivo. No es justo”. “Exijo la pena capital”, sentenció.
Japón es, junto a Estados Unidos, uno de los pocos países industrializados que mantienen en su legislación la pena de muerte. Este castigo se reserva habitualmente en el país para asesinatos múltiples, aunque también ha llegado a aplicarse en casos de tortura o secuestros. Todas las condenas se ejecutan por ahorcamiento, empleando el método de la caída, de modo que una mayoría de los convictos sufre una muerte rápida a causa de una rotura de cuello. Esta pena mantiene un enorme apoyo social en Japón. Más de un 80% de la población se manifestó a favor en la última encuesta de la Oficina del Gabinete, que data de noviembre de 2019. Solo un 9% de los consultados se declararon abolicionistas. El año pasado, Japón ejecutó a 15 reos. El nombre de Satoshi Uematsu se añadirá pronto a esta lista.
