Cadena Ser.- El Juzgado de Llíria ha reabierto parte del caso por agresión e insultos homófobos al profesor de Castellón, Miquel Álvarez. Pide que se investiguen los tuits que puso el líder del partido ultraderechista España 2000 comentando lo sucedido y atacando al agredido.
Es un caso que quedó sin juzgar porque prescribió por un presunto error humano que dejó archivada la denuncia. Ahora, el caso se podría reabrir parcialmente por las publicaciones en redes sociales que hizo el líder del partido ultraderechista España 2000 y que podrían ser constitutivas de un delito de odio.
La agresión por parte de un grupo de alumnos menores de edad se quedará sin juzgar, al menos por el momento, pero el caso se ha reabierto por insistencia, según ha podido saber Radio Castellón, del Fiscal de Delitos de Odio de València, que observa posibles hechos delictivos en las declaraciones en redes que hizo el líder de España 2000, el valenciano José Luis Roberto Navarro.
El juez ya cuenta con la declaración del denunciante
Son unos tuits en los que el líder del partido comentaba la agresión que sufrió el profesor Miquel Álvarez por parte de sus alumnos del instituto Les Alfàbegues de Bétera. Las palabras del ultraderechista provocaron una oleada de comentarios hirientes hacia el docente y, por eso, se ha reabierto, al menos, esa parte del caso debería de ser juzgada.
El profesor afectado declaró el pasado 17 de julio en los Juzgados de Llíria por este asunto. Ahora, es el propio magistrado que se está haciendo cargo de la instrucción quien determinará si el caso queda definitivamente archivado o puede ser constitutivo de delito y sigue abierta la causa.
En su declaración, el docente incluyó también las publicaciones que realizó José Luis Roberto en las que insultaba y se mofaba del docente tras recibir el premio Guillem Agulló en 2022.
Justicia aseguró no tener competencias para pedir la reapertura
Antes de que el Juzgado de Llíria tomara la decisión de reabrir parte del caso, cuando se comunicó el archivo del caso a consecuencia de la prescripción de los delitos, el denunciante solicitó a la Conselleria de Justicia que interviniera para impedir que los hechos quedaran sin juzgar por el archivo erróneo del caso que lo dejó en un cajón durante meses.
Justicia aseguró no tener competencias para investigar y depurar responsabilidades e instó al denunciante a dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desdel del CGPJ propusieron al docente que se pusiera en contacto con la Secretaria Coordinadora Provincial que aseguró no tener competencias para determinar responsabilidades aunque sí que admitió que «un error ha provocado que los hechos presuntamente delictivos denunciados hayan prescrito».
